Alejandro Ozuna, Maribel Cervantes, Raymundo Martínez, Alejandro Fernández Campillo, Andrés Massieu Fernández, Rocío Díaz Montoya y Evelyn Osornio no serán citados a comparecer para la glosa del tercer informe del gobernador Alfredo del Mazo, pese a que, durante el último año, fueron responsables de las secretarías General de Gobierno, Seguridad, Movilidad, Educación, Desarrollo Urbano, Desarrollo Agropecuario y Turismo, respectivamente; serán sus recién nombrados sucesores quienes deban atajar los planteamientos de los diputados.
Por esta razón, Maurilio Hernández, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en la Legislatura local, recomendó a Ernesto Nemer, Rodrigo Martínez-Celis, Gilberto Limón, Gerardo Monroy, Rafael Díaz Leal, María Mercedes Colín y Marcela González Salas ponerse a estudiar sus nuevas áreas, pues contarán con pocos días para el ejercicio que se programará para después del 20 de octubre.
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Antes de esa fecha, expuso Hernández, será citado a comparecer Jorge Olvera, titular de la Comisión estatal de Derechos Humanos, por el desalojo violento de mujeres de la red Manada Periferia de sus instalaciones en Ecatepec, mientras que el fiscal Alejandro Gómez podrá rendir explicaciones sobre el mismo asunto durante la glosa, como un apartado especial.
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Diputados como Ingrid Schemelensky, vicecoordinadora del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), han advertido que, en el último año, el robo al transporte de carga en el Estado de México representó 52.83% del total nacional; el robo a transporte público colectivo, 60.31%; la extorsión, 46.61%, y el robo a negocios, 25% del total del país, conforme al Consejo Coordinador Empresarial. Además, Schemelensky señaló que durante los primeros seis meses del 2020, el Gobierno mexiquense apenas entregó 29% de los programas sociales que opera la Secretaría de Desarrollo Social estatal (Sedesem), mientras que tres de ellos -Comunidad Fuerte, Jóvenes en Movimiento y Desarrollo Integral Indígena- reportaron cero por ciento de ejercicio. También recordó que de 4 900 escuelas afectadas por el temblor del 19 de septiembre de 2017 presentan un avance en su reconstrucción de 98%, pero, luego de tres años, faltan aún por reconstruir 150 instituciones educativas.
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En el mismo sentido, el morenista Max Correa advirtió que “a pesar de que se han autorizado recursos para programas sociales, el gobernador los sigue utilizando de manera clientelar y electorera, y lamentablemente ha perdido la oportunidad de desarrollar un buen gobierno”. También destacó la necesidad de detallar créditos y financiamientos por más de 6 mil millones de pesos aprobados para la actual gestión, pues, pese a ellos, no se han respondido las demandas de salud, seguridad, reactivación económica, construcción y rehabilitación de obra de la población. En tanto, la presidenta de la Mesa Directiva, Karina Labastida, consideró que la administración estatal está obligada a clarificar el abandono de ocho hospitales edificados durante el sexenio de Eruviel Ávila.