La Legislatura mexiquense acordó la comparecencia de Jorge Olvera, titular de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem), y del fiscal Alejandro Gómez para que informen a la brevedad sobre el desalojo violento de activistas de las instalaciones Visitaduría Adjunta de Ecatepec, el 11 de septiembre pasado.
“Para Morena es inaceptable la actuación de estos organismos autónomos. Aplicaron la fuerza pública para lesionar, lastimar, reprimir los derechos humanos de la ciudadanía, en lugar de dialogar. El deber de las autoridades es atender las demandas y exigencias de la población, para darles solución”, planteó el diputado Julio Hernández, promotor del llamado y presidente de la Comisión Parlamentaria de Derechos Humanos.
Desde el punto de vista de la bancada, “no queda claro de qué manera se estaba dando seguimiento a las peticiones formuladas por las activistas, ni qué autoridades participaron en las negociaciones, ni tampoco en qué momento se rompió el diálogo que tuvo como resultado el desalojo violento de las personas que se encontraban al interior de las oficinas de la Codhem Ecatepec, y, más aún, quién ordenó llevarlo a cabo”.
El Estado de México, recordó, es uno de los más afectados por la violencia de género y feminicidios, por lo que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) y la Codhem deben enfocar sus esfuerzos para combatir estos flagelos mediante una actuación ceñida al marco jurídico nacional e internacional, sin agravar más la situación de las víctimas ni atacar a las activistas.
El legislador recordó que el pasado 10 de septiembre, mujeres activistas de la entidad tomaron de manera pacífica las oficinas de la Codhem Ecatepec, replicando lo ocurrido en la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y sedes locales en Michoacán, Veracruz, Aguascalientes y Puebla, debido a que México ocupa el primer lugar en abuso sexual contra niñas y niños, hay diez desapariciones de menores diarias, pero nadie hace nada y no existen políticas públicas para frenar estos fenómenos.
“La directora de la Fundación Iris, un albergue para niñas y niños víctimas de violencia sexual, denunció que no tiene apoyo del gobierno, el DIF ha tratado de quitárselo y ha recibido visitas intimidatorias de las autoridades, por lo que, si su casa no podía fungir como refugio, las oficinas de la Codhem en Ecatepec serían usadas como tal para las víctimas de violencia sexual infantil”, rememoró.
Las activistas, prosiguió, también solicitaron la renuncia de Grisel Barrientos, directora del Instituto Municipal de la Mujer, y de Sandra Pacheco, coordinadora del Centro de Justicia para las Mujeres de Ecatepec.
El presidente de la Codhem, enfatizó, manifestó que las exigencias de las protestantes de los colectivos feministas no tenían que ver con la institución que él preside, cuando “cualquier petición relacionada con la presunta violación a los derechos humanos cometida por autoridades de nuestra entidad, debe ser escuchada por la Codhem”.
A través de Twitter, destacó, la Fiscalía señaló que el desalojo se dio “conforme a derecho”, a petición de la Codhem, después de “agotar diversas negociaciones”, mientras que en redes sociales se denunciaba el desalojo violento, traslado de detenidas en camionetas no oficiales, sin logotipos, a un lugar indeterminado, incomunicación, e incluso ataques de agentes policiales en contra de periodistas que se encontraban frente al Centro de Justicia de Atizapán, a donde fueron llevadas las detenidas.
“(La Codhem y la FGJEM) se echan la bolita”, lamentó el promotor del punto de acuerdo, de obvia y urgente resolución, al que se adhirieron las bancadas de los Partidos de la Revolución Democrática (PRD) y Verde Ecologista (PVEM), al considerar que estos hechos son reflejo del drama que sufren las mujeres que no han tenido acceso a la justicia plena.