La Legislatura mexiquense solicitó a la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales (FEMDE) investigar a funcionarios de la Secretaría del Campo y del Instituto de Investigación y Capacitación Agropecuaria, Acuícola y Forestal del Estado de México (ICAMEX), por el posible uso de los programas sociales con fines proselitistas.
El punto de acuerdo fue promovido por el diputado Max Correa, e incluye otro exhorto a la titular de la Secretaría del Campo del Gobierno Estatal, María Mercedes Colín, para que impulse el desarrollo integral de las actividades agropecuarias sin discriminación por razón de ideologías políticas o de partido entre operadores y técnicos; lo anterior, se suscitó debido a las denuncias ciudadanas relacionadas con el programa “Más maíz mexiquense”.
Además, Correa Hernández recordó que para el fortalecimiento del campo mexiquense, la Legislatura Local apoyó la creación de la Secretaría del Campo, cuya misión principal es planear e impulsar el desarrollo integral y sustentable de las actividades agropecuarias con visión empresarial y responsabilidad social, a fin de contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de los productores agrícolas y la seguridad alimentaria.
“Al inicio de su creación, la Secretaría del Campo se dio a la tarea de impulsar proyectos integrales para la producción de alimentos mediante apoyos de capacitación y asesoría técnica, e infraestructura y equipo; lamentablemente, esto ha sido opacado por un grupo de personas que, queremos pensar, actúan de manera aislada, al margen de la legalidad, y no bajo instrucciones de la titular de la Secretaría”, dijo.
El legislador morenista indicó que hasta el pasado 3 de diciembre, fecha en que el ICAMEX emitió la convocatoria para reclutar profesionistas especializados en las áreas de agronomía, quienes fueron seleccionados tras aprobar el proceso de registro que incluía examen, entrevista y capacitación para concluir con su contratación, todo transcurría con normalidad.
Sin embargo, expuso, al trabajar en campo las instrucciones variaron, a cada agrónomo contratado le decían que debía considerar las listas de beneficiarios porque serían revisadas, pues no se le iba a dar apoyo a cualquier persona; igualmente, señalando que debía ponerse a las órdenes de presidentes municipales priistas, ya que ellos finalmente encabezarían el programa. Aunado a lo ya mencionado, también se les dijo que debían ponerse la camiseta del Gobierno del Estado de México.
“Como era de esperarse, hubo agrónomos que cuestionaron ese tipo de prácticas, presumiblemente con fines electorales, diciendo a los coordinadores regionales que eso no se les había dicho en las capacitaciones, a lo que les respondían que debían hacerlo o que dijeran de una vez si deseaban continuar. Quienes se opusieron, han sido suspendidos de manera arbitraria de su actividad, lo que podemos llamar despido injustificado”, expuso.
El además dirigente nacional de la Central Campesina Cardenista (CCC), argumentó que estas prácticas contravienen no solo las reglas de operación del programa, sino atentan contra la economía social de las familias mexiquenses más marginadas, quienes ven en este tipo de programas la oportunidad de librar las contingencias provocadas por la caída de la producción del maíz.
“El presente exhorto tiene alcances a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, porque las personas suspendidas de su fuente de trabajo, como agrónomos, han acudido a dicha institución por tratarse de hechos que pueden ser constitutivos de tipos penales electorales, pues están utilizando bienes, fondos, servicios o beneficios relacionados con programas sociales para ejercer presión sobre el electorado, y además se trata de servidores públicos estatales que coaccionan y amenazan a sus subordinados con fines proselitistas”, indicó.
Por tanto, el congresista mexiquense destacó que su bancada considera que estos hechos son suficientes para exhortar a los titulares de ambas dependencias estatales para que detengan y sancionen estas prácticas, las cuales en nada ayudan a la imagen institucional del gobierno y perjudican a personas que pueden ser beneficiadas con los programas sociales.