Del 22 al 26 de junio, la Comisión Especial para las Declaratorias de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres de la Legislatura mexiquense recibirá por correo electrónico la documentación de los aspirantes a integrar el Consejo Estatal Ciudadano en Materia de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares para el Estado de México.
La convocatoria está dirigida a familiares de personas desaparecidas, colectivos de familiares de víctimas de desaparición, especialistas en la protección y defensa de los derechos humanos con conocimiento en la búsqueda de personas desaparecidas o en la investigación y persecución de los delitos de desaparición forzada y desaparición cometida por particulares; especialistas en materia forense, organizaciones de la sociedad civil de derechos humanos, organizaciones defensoras de los derechos humanos, grupos organizados de víctimas, expertos con experiencia en el tema y sociedad en general.
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La ley establece que el Consejo se integrará por un familiar de personas desaparecidas por cada una de las ocho regiones del estado (centro, oeste, noroeste, norte, este, sureste, noreste y nornordeste), dos especialistas de prestigio en la protección y defensa de los derechos humanos con conocimientos en búsqueda de personas desaparecidas o en la investigación y persecución de los delitos previstos en la ley (garantizando que uno de los especialistas lo sea en materia forense), y tres representantes de la sociedad civil de derechos humanos con experiencia en el tema.
Karina Labastida, titular de la comisión especial, recordó que el COVID-19 aplazó la convocatoria que se tenía contemplada de forma presencial.
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Los integrantes del Comité lo serán por tres años, sin posibilidad de reelección, serán renovados de manera escalonada y no deberán desempeñar ningún cargo como servidor(a) público; su función será honorífica y no deberan recibir salario o contraprestación económica alguna por su desempeño. Los integrantes de este organismo deben elegir a quien coordine los trabajos de sus sesiones, por mayoría de votos, quien durará en su encargo un año.
Este Consejo estará facultado para dar vista a las autoridades competentes y órganos internos de control sobre las irregularidades en las actuaciones de personas servidoras públicas relacionadas con la búsqueda e investigación de personas desaparecidas, pues se le reconocerá interés legítimo dentro de las investigaciones para la determinación de responsabilidades.
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También podrá emitir recomendaciones sobre la integración y operación de la Comisión de Búsqueda de Personas y el Mecanismo Estatal y compartir con la Fiscalía Estatal los resultados de investigaciones que de manera independiente realicen las organizaciones de la sociedad civil.
De igual forma, propondrá a la Comisión de Búsqueda de Personas y a las autoridades del Mecanismo Estatal acciones para acelerar o profundizar sus labores, ampliar sus capacidades -incluso en materia pericial y forense- y mejorar el cumplimiento de los programas, registros, bancos y herramientas de la Ley General y la local.
También podrán proponer, acompañar y, en su caso, brindar las medidas de asistencia técnica para la búsqueda de personas, incluyendo casos de larga data; solicitar información a cualquier autoridad integrante de la Comisión de Búsqueda de Personas y del Mecanismo Estatal para el ejercicio de sus atribuciones, y hacer las recomendaciones pertinentes, acceder a la información estadística generada a través de las diversas herramientas con las que cuentan ambas instancias, promover acciones, políticas públicas, programas y proyectos; elaborar, modificar y aprobar la Guía de procedimientos del Comité.
El 6 y 7 de julio se realizarán las entrevistas a los aspirantes que cumplan con los requisitos, y el 21 de julio se determinará la integración final y, en su caso, tomarán protesta.