La Legislatura del Estado de México apercibió a los Cuerpos de Seguridad Auxiliar del Estado de México (CUSAEM) para que le remitan, en un plazo de 10 días naturales, copia de los manuales u ordenamientos bajo los cuales está regulada su actividad.
Además, con la finalidad de que rinda cuentas, el grupo parlamentario de Morena urgió investigar a la corporación, definir su marco jurídico y regular su funcionamiento para garantizar la fiscalización de sus ingresos y egresos, pues funcionan como empresa privada a pesar de tener carácter público, y las autoridades se echan la ‘pelotita’ cuando se trata de asumir responsabilidades.
El diputado Ariel Juárez, autor del exhorto además dirigido a los secretarios de Gobierno y de Seguridad, destacó la necesidad de especificar si los CUSAEM pertenecen a la estructura gubernamental, de quién dependen directamente, y fecha de creación respaldada con acta constitutiva.
Para el morenista, es alarmante no poder ubicar a la “dependencia” bajo ningún orden jurídico, la falta de rendición de cuentas sobre el origen de sus recursos y la forma en que son utilizados, pues sus armas y uniformes se obtienen a través del Gobierno estatal y sus elementos son derechohabientes del ISSEMyM, pese a que en 2016 la Dirección de Asuntos Jurídicos especifica que los CUSAEM estaban integrados por personas sin carácter de servidores públicos.
Adicionalmente, adquieren contratos multimillonarios, sus elementos vigilan autopistas, instalaciones nucleares e incluso prestan servicios tipo escolta en otros estados de la República donde supuestamente quedarían sin jurisdicción.
Juárez Rodríguez recordó que la Ley de Seguridad Privada de la entidad dispone en su artículo sexto que la Secretaría en la materia autoriza la prestación del servicio de seguridad privada en el estado, previo permiso federal; y tiene facultades para revalidarla, modificarla o revocarla por incumplimiento de los requisitos y disposiciones reglamentarias. Legalmente, indicó, están subordinados a la Policía Estatal, pero no en la práctica.
Desde su creación en 1988, señaló, han operado sin regulación alguna. Durante la gestión del ex presidente Enrique Peña, destacó, los CUSAEM se convirtieron prácticamente en policía privada. De 2013 a 2018, dijo, obtuvieron contratos con dependencias públicas por más de 3 mil millones de pesos.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF), prosiguió, tiene detectados dos contratos que suman más de 800 millones de pesos para resguardar las instalaciones de la Policía Federal contraídos en abril y mayo 2019. Y sus contratos no están sujetos a licitación.
Para el legislador resulta sospechoso que, a efecto de ampliar sus servicios a instancias federales, los CUSAEM han recurrido a diferentes razones sociales, como la de Cuerpo de Vigilancia Auxiliar y Urbana del Estado de México, Cuerpo de Guardias de Seguridad Industrial Bancaria y Comercial del Valle de Toluca, entre otros.
Los CUSAEM, detalló, no cuentan con un portal seguro, no pagan impuestos ni ofrecen seguridad social a sus elementos, y no se les aplica la Ley de Transparencia -lo que fácilmente puede dar pie al enriquecimiento ilícito-. A sus elementos no se aplican estudios toxicológicos ni psicológicos. Los mandos del grupo jamás han comparecido ante el Congreso local, y nunca se ha trabajado en iniciativas para regularlos.
“Es un organismo a todas luces controlado por los intereses y a conveniencia de algunos cuantos”, añadió.