Desde hace casi 10 meses el parque de La Pila ubicado en la Unidad Habitacional Andrés Molina Enríquez y el fraccionamiento San José la Pila, está tomado por un grupo de personas que desde hace algunos días de manera intermitente y desde el pasado lunes de forma “definitiva”, decidieron abrir las puertas del espacio público, condicionando el acceso de personas, omitiendo con ello la resolución jurídica a que haya lugar por parte de la autoridad correspondiente.
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El gobierno de Metepec ha sido respetuoso del proceso legal y por tanto ha determinado esperar los tiempos de las denuncias de hechos por el delito de despojo y ocupación ilegal del inmueble destinado al servicio público, iniciadas los días 12 y 25 de octubre del año pasado, así como solicitudes a la Fiscalía estatal de inspección del lugar desde el 10 y 27 de julio de este año ante el manejo irregular del área por parte de las personas involucradas que lo tienen tomado ilegalmente, al no brindar las condiciones de salud derivadas de la pandemia por COVID-19.
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La administración municipal se ha distinguido a partir del inicio de la emergencia como impulsor de las medidas de sanidad y ejecución de protocolos de actuación por la salud de la población en todos los lugares de su jurisdicción y a través de un trabajo coordinado con las unidades económicas de la demarcación, por lo que, al pasar de color rojo a naranja en el semáforo de contagio, abrió las puertas de los parques bajo condiciones precautorias, lo que no ocurrió para el caso del parque La Pila, toda vez que derivado del proceso judicial que sigue vigente, éste quedó pendiente.
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Cabe recordar que en días pasados, el grupo reducido de personas que infringen la ley y que son los directamente involucrados en la toma de decisiones en torno del parque, dando acceso a personas sin ninguna medida de protección y requiriendo a los usuarios recursos económicos con el objetivo de adquirir insumos de higiene y para el mantenimiento del lugar, denunciaron en su oportunidad visitantes recurrentes del área verde.
Este lunes, una vez que arbitrariamente fue abierto el parque por parte de los particulares, se otorgaron algunas medidas de salud sin supervisión oficial de alguna persona o institución acreditada y el acceso es condicionado para evitar la entrada de servidores públicos u otros vecinos que no comulguen con sus propósitos, lo que podría ser un elemento más para determinar la situación jurídica de quienes llevan a cabo esta práctica.