Hasta dos años de prisión, 300 días multa y la rescisión del contrato, propone el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD) como sanción para el acoso laboral por embarazo en el Estado de México.
La iniciativa presentada por la diputada Claudia González destaca que el denominado acoso materno prevalece en los espacios laborales públicos y privados, por lo que es necesario penalizar esta conducta -como mecanismo que busca disminuirla- con entre seis meses y hasta dos años de prisión y de 50 a 300 días multa, así como la rescisión del contrato cuando sea cometida por servidores públicos.
De acuerdo con la iniciativa de reforma al Código Penal y a la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de México y sus Municipios, el acoso materno es un tipo de violencia poco visibilizada, probablemente por las actitudes y tratos normalizados en perjuicio de las mujeres.
Pese a ello, puede manifestarse en "tratos humillantes, abuso emocional, remoción del espacio de oficina adecuado, degradación o disminución salarial, reubicación del lugar de trabajo, negativa a proporcionar o devolver información, asignar tareas que no corresponden con las capacidades, entre otras".
González Cerón explicó que esta iniciativa conceptualiza el acoso materno en la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de México y sus Municipios como "la práctica de molestar a una mujer trabajadora debido a un embarazo, parto o una condición médica relacionada con el parto o el puerperio, o a un trabajador o trabajadora debido a sus responsabilidades familiares".
La reforma al Código Penal plantea las citadas penas de prisión a quien permita o tolere el acoso a una mujer trabajadora debido a un embarazo, parto o puerperio, o a un trabajador o trabajadora debido a sus responsabilidades familiares.
La propuesta fue remitida a las comisiones del Trabajo, Previsión y Seguridad Social, y de Procuración y Administración de Justicia para su análisis y dictamen.