Con la finalidad de que se implementen políticas incluyentes para salvaguardar los derechos humanos de niñas y niños que viven en penales estatales y sus madres, el grupo parlamentario de Morena propuso reformar la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y adolescentes del Estado de México, reconociendo la situación especial en que se encuentran y su vulnerabilidad.
La diputada Karina Labastida consideró necesario reconocer a estos sectores como un grupo social específico en situación de vulnerabilidad que demanda la mejora de su entorno y realidad, como una forma de rescate por parte de las autoridades estatales durante su estancia en los centros penitenciarios.
Lo anterior, manifestó, debido a que se encuentran expuestos a un entorno de violencia, abuso de autoridad, drogadicción, sexualidad, depresión, angustia y la desesperación que se vive dentro de los penales.
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“El Estado debe poner énfasis en la atención de las infancias en reclusión para visibilizarlos… sentar el derecho para que cuenten con acompañamiento psicológico durante su estancia en el centro, durante el proceso de separación de su madre-padre y su incorporación a la sociedad”, dijo.
Por eso, consideró necesario modificar el marco jurídico en busca de garantizar de modo más eficaz el cumplimiento real de los derechos de niñas y niños que acompañan a sus madres en centros penitenciarios, ante la discriminación, el abandono de las instituciones y de la propia sociedad.
Labastida Sotelo indicó que el Censo Nacional de Sistema Penitenciario Federal y Estatales 2021 reveló que de los menores de seis años que permanecieron con sus madres privadas de la libertad en los centros penitenciarios federales y estatales, la mayoría se concentraron en el Estado de México con 63 niñas y niños.
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De ahí, insistió, la obligación del estado de implementar protocolos y perfiles idóneos que garanticen personal calificado que tenga contacto con este sector durante su estancia en el centro de reclusión y en el seguimiento de su vida fuera de prisión, así como el diseño y ejecución de las políticas públicas necesarias para la protección de sus derechos.
Para ello, planteó, se exige la colaboración y coordinación entre instituciones de la administración pública señaladas en la Ley Nacional de Ejecución Penal o su equivalente en nuestra entidad, como la Secretaría General de Gobierno, la Secretaría de Desarrollo Social, la Secretaría de Finanzas, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Seguridad, la Secretaría del Trabajo, la Secretaría de las Mujeres, las procuradurías de protección del Sistema DIF estatal, y la Comisión de Atención a Víctimas, que deben salvaguardar los derechos humanos y procurarlos en la transición del centro al entorno familiar o de la comunidad, adaptándose a una nueva realidad.
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Atendiendo al principio de prioridad contenido en el artículo 12 de la Ley en la materia, expuso, se deben diseñar y ejecutar políticas públicas necesarias para la protección de los derechos de estos sectores, por lo que se deberán asignar mayores recursos a las instituciones públicas o privadas encargadas en la atención de sus necesidades, a fin de que prevalezca el interés superior de la niñez para el diseño y ejecución de las políticas públicas necesarias para su protección.
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Indicó que el Estado permite que niñas y niños vivan en prisión y debe ser el mismo Estado “quien proporcione los mecanismos para que puedan acceder a condiciones de vida digna y de calidad durante su estadía, respeto a sus derechos humanos, atención multidisciplinaria para un sano desarrollo, lo que también debe incluir el apoyo psicológico a las madres para que se desapeguen de sus hijas e hijos llegado el momento.
Entre los daños que les genera la permanencia en los centros de reclusión a niñas y niños se encuentran “la culpa, baja autoestima, miedo, vergüenza, tristeza, lo que puede llevarlos a desarrollar conductas violentas, antisociales o delictivas, convirtiéndoles en señuelos fáciles de discriminación constante y estigmatización, así como trastornos emocionales”, refirió.
El Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 2020, por su parte, destacó, estima que en el Estado de México 22 niñas y niños viven con sus madres en los centros penitenciarios, y pese a que en 2021 la Secretaría de Seguridad Estatal recibió un presupuesto de casi 18 mil millones de pesos para fortalecer y mejorar el sistema e implementar mecanismos para la reinserción social, el abandono de este sector es evidente.