El Gobierno del Estado de México interpuso recursos de revisión en juicios de amparo en los casos en que los magistrados del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito prohibieron el uso de casi 10 millones de libros de texto gratuitos que ya fueron entregados a los alumnos para el ciclo escolar 2023-2024 pero no se pueden usar por la suspensión que lo prohíbe.
La administración mexiquense considera que la decisión del Tribunal Colegiado Federal daña el interés superior de más de 3.1 millones de estudiantes mexiquenses de educación básica, al privarlos de una educación completa y, con ello, afectan su libertad de elección y pensamiento sobre qué lecturas conocer y cuáles no.
En representación de la gobernadora Delfina Gómez, la Consejería Jurídica estatal interpuso recursos de revisión en los juicios de amparo 1094/2023 y 1096/2023, promovidos por doce padres de familia en contra de la impresión y distribución de los libros de texto gratuitos para el ciclo escolar 2023-2024, en los niveles educativos preescolar, primaria y secundaria del Estado de México.
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El Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito ordenó a los jueces tercero y cuarto de distrito otorgar la suspensión de los actos de las autoridades educativas federales y estatales para el efecto de que “… a los alumnos que cursan los grados de segundo a tercero de preescolar, primero a sexto de primaria, y segundo y tercero de secundaria, de las instituciones de educación pertenecientes al Estado de México, no se les distribuyan los libros de texto gratuito para el ciclo escolar 2023-2024, o bien, en caso de haberse entregado, no utilicen o aprovechen los mismos”.
Esta resolución, considera la administración estatal, afecta la enseñanza de la totalidad del alumnado de nivel básico y obstaculiza el buen funcionamiento del diseño pedagógico de la nueva escuela mexicana, no obstante que quienes solicitaron el amparo fueron únicamente 12 padres de familia, consideraciones que los magistrados federales no tomaron en cuenta al ordenar a los jueces de distrito emitir las suspensiones de los actos de las autoridades educativas estatales.
Para la autoridad estatal, los magistrados Isidro Manuel Muñoz Acevedo, Alberto Roldán Olvera y David Tagle Islas (Secretario en funciones de Magistrado) del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito violaron las reglas básicas del juicio de amparo, pues estos juicios deben ser procedentes sólo a petición de la parte afectada.
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La orden del Tribunal Colegiado a los jueces de distrito, refirió la Consejería Jurídica, daña gravemente a más de 3.1 millones de estudiantes de educación básica, a quienes en un 85% ya se les han entregado los libros de texto gratuito pero no pueden utilizarlos, con lo que se afecta gravemente su derecho a la educación protegido por el artículo tercero constitucional.
La determinación judicial, prosiguió la dependencia, viola el derecho de millones de educandos, al prohibirles el uso de 9 millones 804 mil 777 libros de texto gratuitos que ya se encuentran en sus manos, y trastoca su libertad de pensamiento y expresión en su vertiente de poder elegir con entera libertad qué material o lecturas adoptar en su formación personal.
En la decisión de los magistrados federales, consideró el gobierno mexiquense, prevalece la ideología de unos pocos sobre la libertad de pensamiento de millones de alumnos, padres de familia y maestros.
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Con la suspensión, prosigue, los magistrados federales además intentan imponer una carga económica desproporcionada a las familias y al sistema educativo estatal al sugerir “la reimpresión de los libros de texto aprobados para el ciclo inmediato anterior (2022-2023)”, omitiendo analizar y considerar las condiciones económicas de las familias mexiquenses y la ausencia de previsión presupuestal de las autoridades educativas para reimprimir millones de libros.
"El Gobierno del Estado de México ve con preocupación la recurrente injerencia de las autoridades judiciales federales en el diseño, implementación y ejecución de las políticas públicas del Estado Mexicano, que constitucionalmente sólo competen a los Poderes Ejecutivo y Legislativo", enfatizó la dependencia.
Por esta razón, el Gobierno del Estado de México exhortó a los jueces y magistrados federales a ser sensibles con la realidad social del país y emitir sus resoluciones respetando los marcos competenciales de los Poderes de la Unión y de los Estados, limitando su actuación a lo que la Constitución les encomienda para lograr una verdadera justicia en los casos sujetos a su jurisdicción.