El grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano (MC) propuso reformar la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de México para garantizar el derecho de este sector a la propiedad.
La diputada Ruth Salinas, autora de la iniciativa, destacó que las mujeres han sido sistemáticamente marginadas del derecho a poseer bienes, por lo que consideró necesario evitar que se les impida u obstaculice la adquisición de patrimonio.
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“A pesar de que las mujeres son los pilares de las familias y los hogares mexiquenses, aún prevalecen barreras impuestas por una sociedad machista que privilegia el derecho a la propiedad para los varones”, señaló.
La última Encuesta Nacional de Vivienda (ENVI) revela que en México hay 17 millones de propiedades escrituradas, de las cuales el 60% pertenece a hombres y solo el 40% a mujeres. En zonas rurales, la brecha es aún mayor, ya que solo el 34% de las propiedades está a nombre de mujeres.
La propuesta, enviada a comisiones unidas para su análisis y dictamen, busca garantizar que las mujeres puedan acceder a la titularidad de bienes y contar con un patrimonio familiar seguro, lo que contribuiría a mejorar su calidad de vida y prevenir la violencia patrimonial.
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La iniciativa plantea incluir en la definición de violencia patrimonial el impedimento o limitación del derecho a la propiedad, así como la protección de las necesidades económicas de hijas e hijos menores de edad.
Se define la violencia patrimonial como cualquier acto u omisión que afecte la supervivencia de la víctima, impidiendo o limitando su derecho de propiedad. Esta puede manifestarse mediante la sustracción, destrucción, retención o distracción de bienes, documentos personales, derechos patrimoniales o recursos económicos destinados a cubrir necesidades personales o familiares. También abarca daños a bienes comunes o propios de la víctima.
Además, se establece que comete violencia patrimonial cualquier persona agresora con vínculo de parentesco por consanguinidad o afinidad, matrimonio, concubinato o relación de hecho con la víctima. También se señala que se afecta el derecho de propiedad cuando se impide, limita o prohíbe el uso, disfrute, administración, transformación o disposición de bienes que formen parte del patrimonio familiar o personal de la mujer.
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Asimismo, la iniciativa obliga al gobierno estatal a implementar políticas públicas para prevenir este tipo de violencia, fomentando la inclusión económica y el emprendimiento de las mujeres. Esto incluiría acompañamiento, subsidios y facilidades para regularizar la pequeña propiedad familiar de uso habitacional y la sucesión patrimonial.
Por su parte, la diputada morenista Selina Trujillo recordó que en diciembre de 2024 la gobernadora Delfina Gómez firmó un convenio con el Poder Judicial estatal para priorizar la regularización de títulos de propiedad. Como resultado, se han entregado más de nueve mil títulos, de los cuales el 53% correspondió a mujeres.
Finalmente, Trujillo invitó a las mexiquenses a acercarse al Instituto Mexiquense de la Vivienda Social (Imevis), donde el trámite de títulos de propiedad es gratuito para mujeres indígenas y, para el resto, tiene un costo menor a dos mil pesos.