El diputado local Faustino de la Cruz llamó a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) a realizar una investigación seria sobre el feminicidio de Monserrat Mejía Rangel, y pidió a la gobernadora Delfina Gómez acelerar la aprobación de la “Ley Monse” para desatorar el proceso jurídico que mediante diversas prácticas se ha dilatado.
La Ley Monse busca reformar el Código Penal para frenar la violencia feminicida y la impunidad, al sancionar a quienes encubran y protejan a los feminicidas, sin importar si son amigos o familiares.
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El llamado ocurre después de que los padres de la víctima reclamaron la dilación de la justicia tras una nueva audiencia suspendida en el Penal de Chiconautla.
Acusaron complicidad entre familiares del imputado para obstruir el proceso, de manera que a casi tres años no hay avances y el crimen sigue impune.
El legislador recordó que la justicia debe ser expedita, pronta y aplicarse con total imparcialidad.
Esta ocasión el juicio oral contra Saúl “N” se aplazó al no presentarse la defensa, y se citó otra vez para el lunes 18 de diciembre.
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El feminicidio ocurrió en febrero de 2021, en Ecatepec, y el presunto responsable fue detenido once meses después. Su hija, de tan sólo 6 años, quedó en la orfandad, y primero fue ocultada por su familia paterna.
Tras la muerte de Monserrat, provocada por un traumatismo craneoencefálico, sus padres aseguran que han pasado por un proceso con dificultades y lucha contra la corrupción de servidores públicos, por lo que pidieron a la gobernadora Delfina Gómez acelerar la aprobación de la “Ley Monse”, pues prevén complicidad de los familiares para proteger al supuesto responsable, con lo que se convierten en cómplices del mismo delito.
De la Cruz Pérez aseguró que las reformas jurídicas que deban realizarse, se atenderán desde el Congreso local a través de las diputadas y diputados.
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“Queremos que el caso de Monse sea un ejemplo para muchas niñas y que no permitan que sus parejas las lastimen, porque las familias quedan con un dolor muy grande, ¡ella ya no regresa!”, indicó la señora Mercedes, madre de la víctima.
“No entendemos qué está pasando, lo único que pedimos es justicia, ya es mucho tiempo, pero queremos justicia para Monse y sigue la tortura porque sigue sin darse una procuración y administración de la justicia”, señalaron los deudos.
Indicaron que la FGJEM y el juez han cuidado mucho el proceso para no permitir alguna argucia de la defensa y no darle la transparencia al proceso, se le han dado todas las facilidades al imputado para defenderse y aclarar, aunque hasta ahora no lo ha hecho, dijeron los padres de Monse.
En las audiencias aplazadas, el imputado ha tenido varios abogados; los últimos tomaron el caso apenas el pasado mes de octubre y otra vez faltaron; incluso por una prueba que solicitaron respecto a un celular, se tardaron 9 meses en busca de dilatar el proceso, indicaron.