Al menos 18 leyes requieren ajustes y modificaciones para garantizar la eliminación de todos los tipos de violencia en contra de niñas y mujeres en el Estado de México, señaló la diputada Mónica Álvarez, presidenta de la Comisión Especial para las Declaratorias de Alerta por Violencia de Género en la Legislatura local, durante una reunión virtual con integrantes de la iniciativa Spotlight de ONU-Mujeres y del Grupo de Acción de Derechos Humanos y la Justicia Social, quienes advirtieron la falta de voluntad política por parte de los actores involucrados y la opacidad en el funcionamiento de los sistemas para erradicar la violencia de género.
La morenista recordó que el Estado de México encabeza los primeros lugares de violencia contra las mujeres en el país. De enero hasta el 17 de noviembre de este año, se han iniciado 118 carpetas de investigación por feminicidio; sin embargo, lamentó, de las denuncias iniciadas, 77 se encuentran en trámite, 40 han sido judicializadas y sólo 4 han obtenido sentencias condenatorias, lo que refleja la tolerancia hacia la violencia, la falta de atención, la injusticia e impunidad del actual sistema.
Álvarez Nemer explicó que un grupo de trabajo de asesores de los diputados integrantes de la Comisión Especial analizó la legislación estatal en relación con los derechos de mujeres y niñas para detectar disposiciones que los menoscaben o anulen, y proponer su mejora. En este trabajo, seleccionaron las 18 leyes estatales que tienen mayor impacto en la protección de los derechos de niñas, adolescentes y mujeres, entre las que se encuentran: la de Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, de Igualdad de Trato y Oportunidades entre Mujeres y Hombres, la de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la de Defensoría Pública, para Prevenir, Combatir y Eliminar Actos de Discriminación y la de Salud y Ley de Víctimas.
Algunas observaciones son: que la definición de violencia de género no hace referencia a la muerte; no tipifica la violencia simbólica; no considera la ejercida mediante las Tecnologías de la Información y la Comunicación, aunque ya se presentó una iniciativa al respecto. Tampoco se hace referencia al derecho que tienen las mujeres a no ser sometidas a ningún tipo de tortura, ni se habla del lenguaje sexista; no considera a la violencia familiar como causa de pérdida de la patria potestad, y no se considera la violencia que pueden sufrir mujeres docentes por parte del estudiantado. Además, hay ambigüedad en la definición de acoso y hostigamiento sexual y la de violencia institucional es confusa.
De igual manera, la Secretaría de la Mujer no tiene como objetivo apoyar la coordinación entre las instituciones federales para capacitar a su personal en materia de igualdad entre mujeres y hombres, siendo la instancia adecuada para ello.
Por su parte, Nayeli Sánchez, coordinadora de Spotlight en ONU-Mujeres, ofreció una alianza con los legisladores mexiquenses por una vida libre de violencia para atender los temas prioritarios en el actual y próximo periodos ordinarios de sesiones, con el afán de eficientar la norma. Spotlight propuso tomar medidas urgentes para impactar en los temas de feminicidio, feminicidio infantil, violencia familiar, desaparición de niñas y mujeres, violencia sexual, huérfanas y huérfanos de mujeres víctimas de feminicidio y en responsabilidades administrativas con perspectiva de género.
En tanto, David Piña, del Grupo de Acción de Derechos Humanos y la Justicia Social, explicó que un análisis realizado en conjunto con diversas organizaciones detectó que falta articulación social, no se conoce ningún reglamento municipal para la ley de violencia, no sesionan los sistemas de igualdad y de violencia estatales, y en los municipios, los agresores están sueltos, pues no se aplican las órdenes de protección o medidas de seguridad para las mujeres. También recomendó como prioridad trabajar en la falta de voluntad política de actores gubernamentales, en la opacidad del funcionamiento de los sistemas, el comportamiento irresponsable de funcionarios, el populismo penal, la disminución de la incidencia local y la debilidad reglamentaria.
La Comisión Especial acordó intercambiar propuestas de reformas y continuar las mesas de trabajo con secretarios técnicos, además de firmar un convenio en el marco de los 16 Días de Activismo en el contexto del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.