Este viernes el Tribunal de Justicia Administrativa desahogará la última audiencia de la denuncia que el regidor Mario Cardoso entabló contra Raymundo “N” y el ayuntamiento de Toluca por la implementación de parquímetros virtuales, en demanda de que se transparenten los recursos públicos erogados y obtenidos, y de revertir su puesta en marcha.
El edil indicó que si bien el programa fue suspendido por el actual presidente municipal, Juan Maccise, no existe certeza jurídica de su desaparición, pues para que ésta cause efectos es necesario un acuerdo de cabildo o un cierre administrativo, lo que no ha ocurrido. “No se puede revertir por simple ocurrencia. Se tienen que hacer las cosas bien”, dijo.
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Por tanto, espera que, a partir del fallo del Tribunal, que podría ocurrir a más tardar en un plazo de 10 días después de la audiencia de alegatos de este viernes, ese sea un mandato de los magistrados. “De otra manera, la empresa nos puede demandar”, advirtió.
Indicó que, como parte del procedimiento administrativo, se solicitó transparentar la inversión y ganancias, pues a la fecha sólo se sabe que el ayuntamiento invirtió alrededor de 25 millones de pesos, que la empresa ni siquiera contrató personal porque el programa operó con empleados de la policía vial, y que el municipio se encargó de pintas y mamparas que también fueron adquiridas a sobreprecio.
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Recordó que, para defenderse, el gobierno municipal alegó que el regidor carecía de personalidad jurídica para demandar, argumento que fue desestimado por el Tribunal al dar trámite a la denuncia. Después, el ayuntamiento ya no agregó ninguna prueba.
Precisó que en esta demanda la empresa Parquimóvil, SA de CV, originaria de de Puebla, funge como tercera interesada; y que el Tribunal ya solicitó su comparecencia.
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“Pedimos transparencia, información, y la eliminación de la política pública, porque la no aplicación no basta. Espero que el Tribunal reconozca que fue ilegal la implementación de parquímetros virtuales, que salga en favor de las y los ciudadanos, y de allí podemos iniciar proceso en contra de los funcionarios que lo ejecutaron”, abundó.
Adicionalmente, consideró, deben resarcirse daños, pues a raíz de la implementación autoritaria del programa algunos negocios instalados en el área de parquímetros virtuales tuvieron que cerrar.