Debido a que las amenazas y ofensas en contra de quienes ejercen un cargo público son factor común en la entidad, la diputada local Mariana Uribe, presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género de la Legislatura, señaló como reto garantizar para 2021 elecciones sin violencia política de género.
Reconoció que, en la actualidad, no es posible hablar de una democracia mientras se restringe el acceso de las mujeres a la vida política, cuando las ofensas, amenazas, burlas y desapariciones son el factor común de la violencia que se ejerce día a día. Por eso, expuso, “se avecina un exorbitante reto: el de las elecciones locales de 2021 en el Estado de México".
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En este entendido, consideró importante desarrollar mecanismos conjuntos de protección que garanticen un proceso electoral libre de violencia política contra todas aquellas mujeres que aspiren a un cargo de elección popular.
De esta forma, confió, de la mano se podrán realizar las reformas legales que amparen la paridad de género y sancionen todas aquellas acciones u omisiones que vulneren los derechos de las mujeres.
Para ello, planteó renovar la agenda feminista, impulsar reformas en la legislación electoral, conceptualizar la violencia política, definir sus alcances e implicaciones y delinear sanciones.
En los próximos días, anticipó, haré llegar a la Diputación Permanente una iniciativa en materia de paridad de género y violencia política en contra de las mujeres, que contempla reformas a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, al Código Electoral, a la Ley de la Fiscalía General de Justicia y a la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México.
Por su parte, María del Carmen Alanís, ex presidenta de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, recordó que luego de más de cuarenta iniciativas, este mes se aprobó la Ley contra la violencia política en razón de género en la Legislatura federal, que abre las puertas a las mujeres en todos los ámbitos de justicia para denunciar a quienes violentan sus derechos político-electorales, desde precampañas, campañas, procesos internos de partido, procesos electorales y en el desempeño de cargos. Sin embargo, alertó, aún es fundamental armonizar la ley en contexto con la realidad que se vive en cada entidad federativa, y es momento de fortalecer las instituciones y los procedimientos.