Para el ejercicio fiscal 2021, el gobernador Alfredo del Mazo solicitó a la Legislatura local le sea concedida la contratación de deuda neta “hasta por un monto de 13 500 millones de pesos”, conforme a la Ley de Ingresos del Estado de México, integrada a la propuesta del Paquete Fiscal del próximo año.
El documento plantea autorizar al mandatario, por sí o por conducto de la Secretaría de Finanzas, a llevar a cabo la contratación de pasivos por la cantidad señalada, con un plazo de financiamiento de hasta 25 años. El monto, según el proyecto, “será destinado exclusivamente a inversión pública productiva en los rubros de agua, obra pública, comunicaciones, salud, cultura, justicia, desarrollo social, educación, seguridad, vivienda y desarrollo agropecuario”. Además, podrá contratarse con la banca múltiple y banca de desarrollo nacional, a través de la emisión de valores y la colocación de estos a través del mercado bursátil, con obligaciones de pago a cargo del estado por plazos menores o mayores a un año para mitigar los riesgos de tasa de interés.
De igual manera, el Ejecutivo deberá turnar a la Legislatura un informe trimestral sobre los pagos, el porcentaje que presenta el monto de la emisión y colocación de valores destinados a circular en el mercado durante el período correspondiente. Adicionalmente, del Mazo Maza pide permiso para refinanciar, reestructurar y recontratar derivadas de operaciones crediticias inscritas en el registro de la deuda pública o de los proyectos de prestación de servicios o programas multianuales con componentes financieros, informando a la Legislatura sobre los ahorros y beneficios que se espera obtener, sin que dicha reestructuración compute para el término y techo de endeudamiento.
De aprobarse en sus términos, la deuda contratada podrá gastarse durante los ejercicios fiscales 2021 y 2022.
En el transcurso de tres años, del Mazo Maza ha sido autorizado para contratar el mayor monto de deuda de los últimos sexenios; los permisos ya ascienden a 20 100 millones (prácticamente la mitad de la deuda actual), sin contar los recursos comprometidos para el pago de Proyectos de Prestación de Servicios (PPS) y Asociaciones Público Privadas (APP). Además, en julio de 2018, la Legislatura saliente le avaló la reestructuración de la deuda pública estatal por un monto máximo de hasta 43 769 millones 792 226.57 pesos (casi el total de la deuda para entonces).
Tan pronto como llegó a la gubernatura, el priísta comenzó a solicitar empréstitos con diversas justificaciones. El 16 de noviembre de 2017, la Legislatura local le autorizó la contratación de pasivos por 2 800 millones de pesos para afrontar las afectaciones de los sismos de septiembre de ese año. Dos meses después, el 29 de noviembre, los diputados autorizaron al Gobierno estatal una nueva deuda al aprobar la Ley de Ingresos del Estado (LIEM) de 2018 por, al menos, 6 400 millones (3 400 millones del sector central y tres mil para el sector auxiliar), más una cantidad “a través de cuya suma, el saldo de la deuda pública del Gobierno del estado al cierre de 2018 no exceda del 60% de la suma de las participaciones, ingresos propios y Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)”.
Además, la LIEM 2019 autorizó al mandatario mexiquense la posibilidad de endeudarse hasta por 3 400 millones de pesos, 1 900 millones para el sector central y 1 500 para los organismos auxiliares. Para el ejercicio fiscal 2020, le fueron autorizados seis mil millones de pesos en pasivos, y apenas unos días antes de avalar el paquete fiscal de este año, los diputados le dieron permiso para contratar una deuda por 1 500 millones de pesos para las obras de interconexión de los aeropuertos de Santa Lucía, Internacional de Toluca e Internacional de la Ciudad de México, y complementarias.