El secretario de Justicia y Derechos Humanos del Estado de México, Rodrigo Espeleta Aladro, confirmó que el gobierno de la entidad no exigirá a las empresas mexiquenses que realicen pruebas COVID-19 a sus trabajadores, como sucedió en la Ciudad de México.
La aplicación de pruebas sería un recurso inviable, dada la falta de efectividad de las rápidas, así como la generación de gastos a un sector que ya ha sido muy afectado económicamente por la emergencia de salud.
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En reunión con el Consejo de Cámaras y Asociaciones Empresariales del Estado de México (Concaem), el secretario señaló que, aunque sería una medida de seguridad para detectar casos y evitar contagios, no habría condiciones para ejecutarla debido al número de trabajadores en la iniciativa privada.
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“No va a haber proveedor que alcance para que las empresas se hagan cargo de esto. Si son las pruebas rápidas, es un volado. Sólo el 50% de tener un falso positivo o negativo. Ni siquiera tendrían la posibilidad los empresarios de cumplir, porque no hay dónde conseguir las pruebas”, dijo.
Por su parte, Gilberto Sauza Martínez, presidente de Concaem, subrayó que la aplicación debe ser, y seguirá siendo, facultad del sector salud, y el empresariado se encargará de la implementación de los protocolos de seguridad e higiene preventivos.
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“Esto nos permite enfocarnos en las necesidades urgentes del
sector, recobrar la capacidad de generar riqueza, la operación de las
empresas y mantener las fuentes de empleo, enfocarnos en los protocolos que permitan ir avanzando en los semáforos y dando garantías de que no habrá un segundo cierre“, expresó.