Por mayoría de votos, la Legislatura mexiquense exhortó a los 125 ayuntamientos para que se abstengan de imponer sanciones económicas y privativas de libertad (arresto) en contra de quienes estando dentro de su territorio no usen cubrebocas, como mecanismo preventivo de contagio de COVID-19. La propuesta fue votada en contra por los independientes Lourdes Garay, Carlos Lomán y Juan Carlos Soto, mientras que la bancada panista se abstuvo.
La albiceleste Karla Fiesco arguyó que la OMS y los especialistas han reconocido el uso del cubrebocas en espacios públicos como el medio más efectivo para prevenir los contagios, mientras que las estadísticas demostraron una reducción en el número de casos a partir de su implementación. Justificó que los ayuntamientos que han implementado su uso obligatorio, lo han hecho en busca de abatir o prevenir el contagio del virus. En todo caso, manifestó, los legisladores “debemos generar las reglas idóneas para verificar que la Recomendación General 2/2020, emitida por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem) -sobre el uso del cubrebocas-, se cumpla, con el fin de proteger los derechos humanos de todos. Mejor vamos a poner orden para evitar contagios”.
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El morenista Alfredo González anticipó la necesidad de exhortar a la Cofepris para que intensifique campañas informativas sobre las medidas preventivas y se revisen los materiales con los que están fabricados los cubrebocas, pues algunos son inadecuados.
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El punto de acuerdo fue aprobado de manera inmediata por urgente y obvia resolución. Su promotor, Julio Hernández, presidente de la Comisión de Derechos Humanos, recordó que Tultepec y Toluca dispusieron sanciones económicas de hasta cincuenta unidades de medida y actualización y arresto por 36 horas, mientras que en Huixquilucan y Naucalpan se han pronunciado por igual tipo de sanciones. Sin embargo, advirtió, el problema radica en la ausencia de protocolos bien definidos para hacer efectiva esa obligatoriedad, por lo que es más conveniente atender la Recomendación de la Codhem emitida el 26 de junio.
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Destacó la necesidad de capacitar a los elementos policiacos, personal de protección civil y verificadores para garantizar que las acciones aplicadas en la contención de la emergencia epidemiológica se conduzcan con puntual respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales. También indicó que se deben realizar campañas de difusión e información para comunicar a la población el uso obligatorio y correcto de cubrebocas en los espacios públicos y lugares de concentración de personas, con la finalidad de exhortar y concientizar a la colectividad sobre la responsabilidad social en la prevención y contención del SARS-CoV-2, que involucra la participación sensata y razonada de todos, “sin llevar a cabo acciones coercitivas, aun cuando podrían considerarse justificadas para proteger el derecho a la salud como un bien superior”.
Hernández consideró conveniente prever la distribución masiva y gratuita de cubrebocas y gel antibacterial para los habitantes de cada municipio, con especial atención en las comunidades o colonias de escasos recursos económicos y grupos vulnerables, con el objeto de contribuir a la prevención y mitigación de la contingencia sanitaria. Desde su punto de vista, las sanciones podrían ocasionar mayores afectaciones ante posibles excesos o abusos por parte de los servidores públicos, como se ha registrado en otras entidades federativas, provocarían daños económicos entre la población, así el riesgo de contagio por aglomeraciones al interior de instalaciones de las oficialías conciliadoras de los ayuntamientos (separos).