Para garantizar un Marco Jurídico que atienda y responda a las exigencias actuales, el Grupo Parlamentario del PRI presentó este día ante la LXI Legislatura Local dos Propuestas de Iniciativas para reformar el párrafo segundo del artículo 226 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios; y la fracción I del artículo 93 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios.
Al presentar la primera de estas propuestas, el diputado Braulio Álvarez Jasso, aseguró que a través de esta adecuación, se armonizará la Ley de transparencia en materia de responsabilidad administrativa de sujetos obligados, para que la autoridad sancionadora competente sea la establecida por la Ley de Responsabilidades Administrativas.
Al respecto señaló que actualmente existe una discordancia grave en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, la cual establece que, en un procedimiento administrativo, la sanción se deberá comunicar al INFOEM para que este la aplique, mientras que en la Ley General de Responsabilidades Administrativas y en la propia de la entidad, se establece que la autoridad competente para ejecutar las sanciones a servidores públicos, será en el caso de faltas administrativas no graves el jefe inmediato o el titular de la dependencia, municipio u organismo auxiliar.
Dicha Ley también establece que, en el supuesto de faltas graves, la autoridad competente para ejecutar las sanciones será el Tribunal de Justicia Administrativa y ejecutadas por el titular o servidor público competente del ente público correspondiente, mientras que las sanciones económicas serán por parte del Tribunal de Justicia Administrativa y ejecutadas por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México o las autoridades municipales competentes, según sea el caso.
Por ello, el legislador planteó la necesidad de armonizar la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para que sea coherente con las demás disposiciones en la materia, entre ellas, la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado, consolidando así la legalidad y certeza de estos procedimientos, otorgando, por una parte, garantías a las personas sujetas de proceso y por otro, la certeza de su ejecución por parte de una autoridad competente.
Por su parte, al presentar la iniciativa para reformar la fracción I del artículo 93 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, que pretende eliminar el plazo de 30 días para la terminación justificada de la relación laboral de los servidores públicos que presenten documentación o referencias falsas, el diputado Iván De Jesús Esquer Cruz, resaltó que esta propuesta otorgará mayor certeza jurídica a la relación entre el prestador del servicio y la administración en los órdenes Estatal y Municipal, eliminando las ambigüedades que existen en dicha legislación.
A través de esta iniciativa se eliminará la causal que establece que pasados 30 días naturales de haberse identificado algún tipo de documentación o referencias falsas de un servidor público, en el que se le atribuyan capacidad, aptitudes o grados académicos de los que carezca, no se podrá operar la recisión de la relación de trabajo.
El Legislador refirió que con esta adecuación, se podrá fortalecer el principio de honestidad como valor rector de quienes aspiren a un cargo dentro del servicio público.
Con estas iniciativas, el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional refrenda su compromiso de impulsar una legislación vanguardista que dote al Estado de México de un marco jurídico eficiente, capaz de articular respuestas a las principales demandas de las y los mexiquenses.