El diputado Ariel Juárez, presidente de la Comisión Especial del Sistema Penitenciario en la Legislatura mexiquense, advirtió que la Policía Municipal de Cuautitlán Izcalli viola la ley al filtrar videos como los del caso Ocaña y la detención, en estado de ebriedad, del conductor del minicooper que presuntamente arrolló en días pasados a un vendedor de tamales.
En tal virtud, llamó a la alcaldesa panista, Karla Fiesco, a reforzar las medidas que eviten futuras fugas de información, y apeló a que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) no deje impune este último crimen.
El morenista señaló que los policías municipales actúan de forma inadecuada al filtrar los videos, y basta recordar el caso Ocaña; ahora, señaló, ocurre con la detención, en estado de ebriedad, del probable responsable del impacto contra un triciclo metálico tripulado por un hombre de 50 años, quien perdió la vida.
El posible responsable de este hecho ocurrido hace unos días sobre la avenida Morelos, en la colonia Santa María Las Torres del municipio de Cuautitlán Izcalli, fue liberado luego de 48 horas, con las reservas de ley, por las autoridades, quienes arguyeron que se sujetaron a lo previsto en el Código Nacional de Procedimientos Penales, pues el hecho delictivo por el cual es investigado es de comisión culposa y no amerita prisión preventiva oficiosa.
A partir del acontecimiento, el legislador consideró necesario poner atención y vigilar el comportamiento de las corporaciones municipales para evitar abusos, pues tan solo en el caso de los elementos de Cuautitlán Izcalli, las quejas y ejemplos de posibles anomalías son constantes, por lo que de manera particular llamó a la alcaldesa Karla Fiesco a tomar cartas en el asunto, pues tiene el deber y la responsabilidad de que el comportamiento de su personal se apegue a derecho.
También confió en que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) realice las investigaciones necesarias para que este caso no quede impune, se imparta justicia para los deudos, y se repare el daño.
Es comprensible, admitió, que familiares de la persona que perdió la vida desconfíen de las autoridades y de la impartición de justicia, puesto que se conocen infinidad de casos que quedan en la impunidad.
Sin embargo, refirió que el primero de febrero se realizará una audiencia ante un Juez de Control, a la cual tendrá que acudir el probable responsable para formalizar imputación por parte del Ministerio Público.