Al menos 29 vecinos, de un padrón inicial de 325, mintieron al Ayuntamiento de Tlalnepantla para acceder a los apoyos gubernamentales por el desgajamiento del cerro del Chiquihuite ocurrido el 10 de septiembre pasado.
El alcalde Raciel Pérez Cruz reconoció que hasta en 13% del censo se detectó duplicidad de registros por familia, comprobantes de domicilios ajenos a la zona cero y falta de notificación de desalojo.
Afirmó que su gobierno actuó de buena fe al levantar el primer censo, pues la contundencia del siniestro exigía actuar con rapidez.
“Fue una decisión complicada porque por un lado se les pedía desalojar –a quienes vivían en la zona de riesgo-, pero por otro debíamos garantizar que tendrían a dónde irse”, esgrimió.
No obstante, expuso que un porcentaje de vecinos que consideró menor –de entre 10 y 13%-, “actuó con dolo. Lamentamos decir que algunas personas no se condujeron con verdad y pretendieron engañar… Le creímos a la mayoría de la gente, pero no todos los ciudadanos se condujeron con verdad, incluso hubo tráfico de documentos”, señaló.
Pérez Cruz indicó que su administración ha identificado al menos a cinco personas que estuvieron convocando a vecinos no afectados para registrarse en el padrón y acceder a los apoyos; incluso los canalizaban con quienes les prestaban sus documentos.
“A río revuelto, ganancia de pescadores”, dijo.
Aseguró que su administración puede comprobar que 281 de los 325 censados han recibido un primer apoyo -de tres autorizados por el cabildo- de 5 mil pesos para el arrendamiento temporal de un inmueble, mientras la ministración de los restantes dependerá de los resultados que arroje la depuración del padrón que está en proceso.
Por su parte, Juan Carlos Villegas Manríquez, director de Bienestar de Tlalnepantla, indicó que de los 9 millones de pesos autorizados por el cabildo para apoyar a los afectados, se han ejercido un millón 405 mil pesos para el primer pago; y adelantó que hay 165 nuevas solicitudes de posibles afectados.
Precisó que entre el 12 y 14 de octubre, la dependencia a su cargo concluyó la elaboración del censo en territorio, respaldado por testigos, y recabó de los beneficiarios una carta protesta de decir verdad, con la finalidad de que los datos obtenidos contribuyan a depurar el primer censo y, con base en él, eliminar los irregulares y concluir la primera entrega de apoyos.
También se está solicitando a los empadronados de manera irregular reintegrar a la administración el apoyo al que no tenían derecho, pero admitió que no hay forma de obligar a que regresen el recurso.
Por su parte, los síndicos Martha Elba Soto y Eduardo Guerrero, y los regidores Lorena Roa, Alina Luna y Víctor Manuel Pérez, pidieron la emisión de una convocatoria formal para elaborar el padrón de beneficiarios, crear reglas de operación, el uso de papelería membretada, transparentar los padrones y polígonos afectados, y eficientar el censo.
Además, demandaron demostrar que los apoyos han sido entregados y la intervención de la Contraloría municipal para certificar la mala fe de los ciudadanos y deslindar de responsabilidad a los funcionarios y servidores municipales o, en su defecto, sancionarlos si detecta que fueron ellos quienes incurrieron en anomalías.