Elías Rescala, presidente de la Junta de Coordinación Política en el Congreso mexiquense, descartó, de entrada, que las denuncias promovidas por la Secretaría de la Contraloría contra exfuncionarios de las administraciones de Eruviel Ávila y Alfredo del Mazo sean una cacería de brujas o tengan tintes políticos, aunque para confirmarlo sería necesario conocer caso por caso.
Al ser cuestionado sobre si los procedimientos penales se traducen en una cacería de brujas, el además coordinador del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Congreso mexiquense manifestó que, desde su punto de vista, se despenden de las atribuciones normales de los órganos de control.
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También confió en que detrás de ellas no existan intereses políticos: “no lo veo así (que tengan trasfondo político), no podría aseverarlo porque desconozco a profundidad sobre qué temas versan esas denuncias, no conozco las auditorías y no conozco las denuncias, no me puedo pronunciar al respecto”, manifestó.
De inicio, consideró que existe la percepción de aplicación de la ley: “lo que hay es el fin del procedimiento de auditoría que marca el inicio de otro procedimiento que es la parte penal, allí vendrán las defensas y el esclarecimiento de los probables responsables”.
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Empero, apeló a no prejuzgar e inculpar a nadie antes de tiempo, lo que, sin embargo, no significa que defienda a las administraciones de Eruviel Ávila y Alfredo del Mazo.
“Hay que ver asunto por asunto, esclarecer caso por caso, desconozco sobre qué asuntos versaron las investigaciones, las auditorías y, por lo tanto, las denuncias”, insistió.
Rescala Jiménez expuso que el ejercicio de las atribuciones y de las funciones de todos los servidores públicos debe apegarse a la ley, de manera que si los auditores determinan que deben presentarse denuncias es porque presumiblemente no se apegaron a derecho.
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No obstante, insistió en que el tema ya se encuentra en la cancha de la Fiscalía, y las acusaciones se esclarecerán con base en las pruebas y argumentos de las defensas.
Mientras tanto, manifestó, la Legislatura local sólo puede dar una visión externa del tema, pues además las investigaciones no fueron parte de las labores de revisión del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM) y los procesos penales llevan cierto sigilo por la materia que tratan.
“Son auditorías realizadas dentro del Poder Ejecutivo, por lo tanto el Poder Legislativo está ajeno a ese procedimiento. Las denuncias son derivadas de las auditorías y las auditorías son las que determinan si deben o no presentarse las denuncias, es un tema del auditor y, como tal, nosotros estaremos dando seguimiento puntual a cómo se desenvuelve este proceso, siempre atendiendo a que los procesos deben ser adecuados y apegados a la ley”, concluyó.