Diputados de la Legislatura reprocharon al secretario de Salud, Francisco Fernández Clamont, que una decena de hospitales estatales siguen en calidad de “elefantes blancos” a pesar de que se autorizaron recursos para su conclusión.
Además existe la falta de insumos y medicamentos, despidos injustificados, insuficiencia de pruebas rápidas antiCovid, y diversas irregularidades financieras detectadas por la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF) y el Órgano Superior de Fiscalización (OSFEM) a las Cuenta Públicas 2017 y 2019 del organismo, respectivamente.
Durante su comparecencia con motivo de la glosa del Cuarto Informe del gobernador Alfredo del Mazo –mientras personal hospitalario se manifestaba para reclamar material de trabajo y pago de bonos, entre otras demandas-, la morenista Rosa María Zetina advirtió que el sistema de salud de la entidad está en coma, enfermo de corrupción y nepotismo, de decisiones egoístas y resultados blandengues.
Más de una decena de hospitales, recordó, siguen inconclusos, son “elefantes blancos” pese a la necesidad de infraestructura para atender a pacientes Covid y no Covid, aun cuando la anterior Legislatura local determinó que un porcentaje de la deuda tuviera como objetivo terminar estas obras.
Recordó que la dependencia no ha aclarado los más de mil millones de pesos que la ASF le observó desde 2017, ni las observaciones detectadas por el OSFEM al ejercicio 2019.
Entre las anomalías se encuentran pagos sin justificación ni comprobación, desvío del presupuesto, trasferencia de bonos y gratificaciones extraordinarias sin comprobantes CFDI, pagos indebidos por servicios no prestados, robo del ingreso recaudado en hospitales, rebase del porcentaje de los recursos aprobados en gastos personales, y probable daño al patrimonio del Instituto de Salud del Estado de México (ISEM), por mencionar algunas.
La legisladora acusó abuso de los mandos medios y altos de las instituciones de salud contra los servidores públicos que diariamente dan su mayor esfuerzo y no reciben compensaciones o estímulos como el “bono Covid” que, según datos de su página oficial, era de 4 mil pesos, pero no fue sectorizado y sólo repartido al personal afín al Sindicato Estatal de Servicios de Salud, o el “Bono de apoyo a la canasta básica” que era de 7 mil 100 pesos y tampoco llegó a todos los trabajadores, pero sí fue ejercido por la institución.
Lo anterior sin contar a los trabajadores “fantasma” que cobran en nómina, vales de despensa desaparecidos, despidos injustificados, atropello a los derechos de las trabajadoras que son violentadas y acosadas laboralmente, falta de insumos y medicamentos, como en el Hospital La Perla de Nezahualcóyotl.
Los cuestionamientos de los diputados de Nueva Alianza (NAEM) se encaminaron al desbasto de medicamentos, la posibilidad de vacunación antiCovid a niños y adolescentes, y la segunda dosis de Cansino a los profesores.
El Partido de la Revolución Democrática (PRD) pidió conocer su opinión sobre la Interrupción Legal del Embarazo (ILE); Acción Nacional (PAN) le recordó que en la región de Tlalnepantla hay 4 mil mexiquenses afectados por falta de hospitales, pues el Valle Ceylán cerró tras el sismo de septiembre de 2017 y el Caracoles no está concluido.
También se cuestionaron las elevadas cuotas del Hospital Regional de Alta Especialidad de Zumpango; el desabasto de pruebas de detección de SARS-CoV-2, y las estrategias de vacunación para población rezagada y de sensibilización para quienes se niegan a inmunizarse.
En su turno, Fernández Clamont justificó que ninguna obra iniciada por la actual administración ha quedado inconclusa; afirmó que las observaciones de los entes fiscalizadores serán subsanadas y que el ejercicio del gasto es transparente.
Recordó que el Hospital de Zumpango es de tercer nivel, y que la gratuidad sólo aplica para el primero y segundo; aún así, afirmó, las cuotas de recuperación en ese nosocomio, que se construyó y opera bajo el esquema de Proyectos de Prestación de Servicios (PPs) son mínimas en comparación con otros del mismo nivel, y en él se ha dado atención gratuita de pacientes Covid, en beneficio de más de 2 mil pacientes que hubieran tenido que pagar 40 mil pesos por tratamiento, y han permanecido en recuperación hasta durante 2 meses.
Aseguró que los despidos y los bonos se han sujetado a la normatividad laboral, y que de cualquier manera hay instancias para apelar y la dependencia a su cargo acatará lo que éstas ordenen; sobre los señalamientos de malas praxis o negligencias, indicó que el ISEM también está abierto a cualquier orden jurisdiccional.
Rechazó desabasto de pruebas rápidas porque se han aplicado 6.2 millones y no se puede abusar de su uso, pues con ellas se realizan sólo tamizajes. Dijo que la segunda aplicación del biológico Cansino sigue en investigación, lo mismo que la necesidad de la tercera dosis en los demás casos.
El funcionario además indicó que durante la pandemia la muerte materna se elevó en más de 11%, fundamentalmente porque no había vacunación antiCovid a mujeres embarazadas. Dijo que 80% de las hospitalizaciones actuales por SARS-CoV-2 son de quienes no se vacunaron; reconoció que al día de hoy una niña de 14 años de edad se encuentra hospitalizada, a propósito del regreso a clases, pero la mayoría de los contagios en las escuelas son de docentes y personal administrativo.