El Congreso del Estado de México avaló, por mayoría de votos, la iniciativa enviada por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, mediante la cual se amplían las facultades de inteligencia de la Secretaría de Seguridad estatal, se reconocen formalmente las Mesas de Paz como instancias operativas y se fortalece la coordinación interinstitucional en materia de seguridad pública.
Durante la discusión y aprobación en las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales, así como de Seguridad Pública y Tránsito, se explicó que la reforma impulsa la profesionalización de los cuerpos policiacos, la participación comunitaria y un modelo de seguridad con enfoque en derechos humanos.
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Óscar Fidel González Mendívil y Óscar Mora Arroyo, titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y subdirector de Legislación, Consulta y Derechos Humanos de la Secretaría de Seguridad estatal, respectivamente, así como Javier de Jesús Domínguez González, encargado del despacho de la Dirección General de Legislación y del Periódico Oficial Gaceta del Gobierno, detallaron que las modificaciones establecen la capacitación obligatoria —a través de la Universidad Mexiquense de Seguridad—, la evaluación de mandos municipales y el cumplimiento de requisitos para su ingreso y permanencia.
Asimismo, precisaron que la iniciativa amplía las atribuciones de la Secretaría de Seguridad en materia de reinserción social y define con mayor claridad los mecanismos de coordinación entre las instituciones estatales y federales.
La reforma también busca consolidar un modelo de seguridad centrado en la persona, con mayor eficacia, transparencia y alineación a los estándares constitucionales y de derechos humanos.
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Durante el debate, el diputado de Morena, Carlos Antonio Martínez Zurita Trejo, señaló que la reforma a las leyes Orgánica de la Administración Pública y de Seguridad del Estado privilegia la coordinación interinstitucional para combatir la inseguridad, delimita los principios rectores de la política de seguridad y define con claridad las funciones de investigación, vigilancia y auxilio.
En el mismo sentido, su correligionario Octavio Martínez Vargas destacó que la iniciativa amplía las facultades de la Secretaría de Seguridad y refuerza el modelo de coordinación con mando único entre las instituciones involucradas.
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En contraste, la diputada de Movimiento Ciudadano, Ruth Salinas Reyes, advirtió que el intercambio de información entre corporaciones podría facilitar la colusión de autoridades municipales con la delincuencia organizada, además de cuestionar los mecanismos para evitar que personas privadas de la libertad accedan a telefonía celular para cometer delitos de extorsión desde los centros penitenciarios.
El decreto será sometido a votación del pleno este jueves, durante el quinto periodo extraordinario de sesiones, donde se prevé su ratificación, también por mayoría de votos.