Para cubrir algunos adeudos históricos con proveedores y sentencias por laudos laborales, la Legislatura local autorizó, por mayoría de votos, a los ayuntamientos de San José del Rincón, San Felipe del Progreso y Nicolás Romero disponer, en conjunto, de nueve inmuebles de su propiedad.
Nicolás Romero debe cubrir un requerimiento de pago y/o embargo ante la Sala Auxiliar de Tlalnepantla por 40 millones 456 mil pesos, derivado del laudo dictado en favor de Agustín Olivares Balderas.
Para este fin, le fue aprobada la desincorporación y enajenación de seis inmuebles cuyas superficies miden entre 126 y 969 metros cuadrados.
San José del Rincón adeuda 28 millones 155 mil pesos con la empresa Ulsa Consorcio Urbanista e Inmobiliario S.A. de C.V. contratada por la administración 2009-2012, para realizar el revestimiento de caminos.
Para saldar el pendiente, los diputados avalaron la desincorporación y enajenación de dos predios con superficie de cinco hectáreas cada uno.
San Felipe del Progreso podrá disponer de un predio que mide mil 727.83 metros cuadrados para transmitirlo al ciudadano José Armando Sandoval Esquivel, en el afán de cumplir con el requerimiento de pago dictado dentro del expediente laboral 1464/2006 tramitado ante el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje.
En contra de las autorizaciones, votaron María Luisa Mendoza, coordinadora del Partido Verde (PVEM); Martín Zepeda y Juana Bonilla, de Movimiento Ciudadano; los neoaliancistas Rigoberto Vargas y Mónica Granillo, y en algunos casos los morenistas Max Correa y Ariel Juárez.
Durante la discusión, Mendoza Mondragón, Bonilla Jaime y Vargas Cervantes insistieron en la necesidad de buscar alternativas distintas para subsanar las deudas, que no impliquen deshacerse de los bienes de los mexiquenses; advirtieron que convertirse en alcalde implica asumir también los compromisos negativos del cargo, como los adeudos que se heredan, por lo que también se debe ser responsable de esa parte.
Señalaron que los expedientes allegados para el dictamen carecían de la documentación establecida por la ley, indicaron que el problema es de administración, señalaron que a los municipios sólo están bajando los recursos federales y hay retrasos en los estatales, y adelantaron la promoción de una iniciativa para evitar que las deudas se paguen con recursos procedentes de la enajenación del patrimonio municipal.
En tanto, el panista Francisco Santos coincidió en que lo idóneo no es disponer de los inmuebles para saldar las deudas, pero consideró que en los casos expuestos no existe alternativa porque existen fallos judiciales, además de que prolongar los pagos podría traer consecuencias más graves a las administraciones que asumirán sus funciones el primero de enero de 2022.
Los alcaldes, dijo, están acorralados porque incluso pueden tener sanciones penales, pues ya ocurrió la desaparición del cabildo de Coacalco por un fallo de este tipo.
Su correligionario Gerardo Lamas indicó que quienes están en contra de la medida, también cuentan con argumentos sólidos. Toluca, ejemplificó, no ha pagado la última quincena a sus empleados, por lo que la única salida, aunque no esté de acuerdo, es autorizar la desincorporación de bienes, como se ha planteado –en alusión a una iniciativa que no se ha dictaminado-.
En todo caso, propuso que establezcan candados, en porcentajes, para la enajenación de inmuebles municipales.