Myrna García, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem), negó que esta institución le haya dado “carpetazo” a la queja entablada por la madre adoptiva de la adolescente, Marina Romanova, como ella señaló.
García Morón precisó que la Codhem tiene dos investigaciones sobre el caso, una ya fue concluida y la otra se encuentra abierta de oficio.
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Explicó que la primera queja se inició en noviembre del año pasado, fue promovida por la maestra Romanova, quien acusó el supuesto “secuestro” de Kristina por parte del DIFEM y, con ello, una actuación indebida de ese organismo.
Indicó que, tras la denuncia, “pedimos el informe al DIFEM como encargado de tener en custodia a los niños con perspectiva de infancia, y también fue parte de la investigación la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), porque en este caso fue una disposición del Ministerio Público (MP) quien investigaba la posible comisión de hechos constitutivos de delito”.
La Fiscalía mexiquense, prosiguió, determinó que era el DIFEM quien debía acogerla, y la enviaron al Centro de Asistencia Social, “estuvimos participando en algunas diligencias y estuvo presente la embajada rusa, la jovencita hizo algunas manifestaciones propias de la investigación”, planteó.
Derivado de los hallazgos en estas diligencias, indicó, la Codhem determinó cerrar el expediente, “al determinarse que la actuación del DIFEM y de la FGJEM estuvo apegada a derecho”.
Marina Romanova había señalado que la justificación del DIFEM fue la existencia de una denuncia por supuesto abuso sexual cometido por el hermanastro de la joven, de cuya carpeta de investigación no les fue proporcionada copia.
Después, indicó la titular de la Codhem, se abrió una investigación de oficio, a partir de las manifestaciones de la mamá, y la queja se encuentra en etapa de integración. Ésta segunda, detalló, específicamente se encuentra relacionada con la estancia de la menor con la autoridad a quien le fue encomendado el acogimiento (en el albergue).
“Todos los servidores públicos tenemos la obligación de actuar con la debida diligencia, hacer lo que nos toca, de manera correcta y adecuada; tratándose de niños y adolescentes, hay una obligación reforzada del Estado en la diligencia”, añadió.