Hasta ocho años de prisión por violencia digital y tratamiento psicológico obligatorio para agresores sexuales, propuso el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista (PVEM) para el Estado de México.
Las reformas a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y al Código Penal, ambos de la entidad, presentadas por las diputadas María Luisa Mendoza y Desiree Morales, pretenden incorporar los conceptos de violencia digital y mediática en la tipología de la norma, agravar las sanciones de prisión por estos delitos y establecer que los agresores sexuales reciban tratamiento psicológico obligatorio.
Mendoza Mondragón indicó que, adicionalmente, se plantean penas de dos a seis años de prisión en contra de quien, con la anuencia del sujeto pasivo, haya obtenido imágenes, audios, textos, grabaciones de voz o contenidos audiovisuales de naturaleza erótica, sexual, íntima o pornográfica, sea este real o simulado.
La misma sanción aplicará a quienes revelen, publiquen, difundan, expongan, distribuyan, comercialicen, oferten, intercambien o exhiban este material sin consentimiento de la víctima, a través de cualquier tecnología de la información y la comunicación.
De igual manera, prevé sanciones de cuatro a ocho años de prisión en contra de quien coaccione, hostigue o exija a otra persona la elaboración o remisión de imágenes o grabaciones de voz o contenidos audiovisuales de naturaleza erótica, sexual, íntima o pornográfica, sea real o simulado bajo la amenaza de revelar, publicar, difundir o exhibir sin su consentimiento el material de la misma naturaleza que previamente la víctima le haya compartido directamente o que haya obtenido por cualquier otro medio.
Las diputadas plantean reglas para la operación del Programa Integral para la Igualdad de Trato y Oportunidades entre Mujeres y Hombres y para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.
Morales Robledo consideró necesario, además, hacer obligatorio el tratamiento psicoterapéutico, psicológico y psiquiátrico gratuito a los responsables de los delitos de lesiones, violación, y homicidio doloso, violencia familiar, incesto, hostigamiento y acoso sexual, estupro, abuso sexual y feminicidio.
La iniciativa, en cuyo diseño colaboró la Fundación Esperanza M&M, considera necesaria esta medida para garantizar que la reparación del daño sea plena y proporcional a la gravedad del daño; además, la indemnización incluirá el pago de los tratamientos que, como consecuencia del delito, sean necesarios para la recuperación de su salud física y psicológica.
Los planteamientos fueron turnados a las comisiones de Procuración y Administración de Justicia y de Declaratorias de Alerta de Género contra las Mujeres por Feminicidio y Desaparición.