El grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista (PVEM) en la Legislatura mexiquense propuso sancionar con entre tres y cinco años de prisión a la persona que, en el caso de una relación sexual consensuada, se retire el preservativo sin el consentimiento de su pareja.
La iniciativa prevé, además, que si el acto diera como resultado un embarazo o el contagio de enfermedades de transmisión sexual, la pena se aumentará hasta en una mitad; es decir, alcanzaría hasta 7.5 años de cárcel, y la reparación de los daños y perjuicios ocasionados.
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También determina que quien ejecute un acto erótico o sexual sin el propósito de llegar a la cópula o a quien lo realice en su presencia o haga ejecutarlo para sí o en otra persona, en contra de una persona menor de edad o que no tenga la capacidad de resistirse al hecho, se le impondrán de ocho a 15 años de prisión, y la reparación de daños y perjuicios será integral.
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María Luisa Mendoza, coordinadora de la bancada del tucán, refirió que la práctica de la remoción del preservativo sin consentimiento, denominada “Stealthing”, violenta a las mujeres, las expone a embarazos no deseados y a enfermedades de transmisión sexual, por lo que es necesario tipificar esta conducta como delito y sancionarla.
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Destacó que si bien parecería un tema que meramente atañe a la intimidad de las personas, se trata de la violación de un derecho humano que afecta la libre determinación de las mujeres, pero a la fecha no puede ser sancionado porque existen lagunas legales que impiden la defensa de la víctima, debido a que los impartidores de justicia carecen de hipótesis para su castigo.