El grupo parlamentario de Morena en la Legislatura mexiquense propuso la creación de la Ley de Comunicación Social del Estado de México, para garantizar que los recursos destinados a las campañas de comunicación de los entes públicos en la entidad carezcan de fines electorales, se sujeten a principios de austeridad y sean fiscalizados.
La iniciativa de la diputada Anais Burgos, presidenta del Comité de Comunicación Social, plantea que los entes públicos estarán obligados “a respetar los topes presupuestales, límites y condiciones de su ejercicio, de forma tal que, durante los procesos electorales, la comunicación social no influya en la equidad de la contienda entre los partidos políticos, precandidatos y candidatos”. Además, prohíbe que las campañas de comunicación destaquen de manera personalizada nombres, imágenes, voces o símbolos de cualquier servidor público.
El informe anual de labores o gestión de los servidores públicos, así como los mensajes para darlos a conocer, se limitará una vez al año bajo las políticas de austeridad y eficiencia que eviten el despilfarro. Los entes públicos deberán proporcionar, dentro de los primeros diez días naturales de cada mes, un informe con las erogaciones del gasto en comunicación social.
Mediante una reforma a la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México, se revisarán los recursos estatales en materia de comunicación social; los informes de las revisiones deberán remitirse bimestralmente al Comité parlamentario de Comunicación Social, así como la relación anual de campañas en este rubro y las erogaciones destinadas a ellas.
La propuesta de Ley de Comunicación Social del Estado de México, que fue canalizada a comisiones para su estudio, considera infracciones y sanciones en contra de acciones u omisiones que pudieran constituirse como una responsabilidad administrativa, y proceder legalmente contra quienes infrinjan la norma.
Para su operación, plantea que se erija el Sistema Público de Comunicación Social a cargo de la Secretaría de la Contraloría del Estado de México “para llevar a cabo el control y vigilancia de la contratación de la comunicación social, el cual será alimentado con la información que provean todos los entes públicos, órganos constitucionales autónomos y poderes del Estado”.
El gasto en la materia deberá apegarse a los principios de austeridad, congruencia, economía y racionalidad presupuestaria, eficacia, eficiencia, honradez, institucionalidad, objetividad e imparcialidad, necesidad de comunicar, transparencia, máxima publicidad y veracidad, y que se fiscalicen gastos y campañas en comunicación de los entes públicos. Las campañas no podrán fomentar la discriminación, sexismo o machismo, o cualquier incitación a la violencia o contraria a los ordenamientos jurídicos de nuestra entidad. Además, deberán transmitirse en versiones y formatos accesibles para que las personas con discapacidades puedan entenderlos.
Conforme a la iniciativa, una Unidad Administradora dependiente de la Secretaría General de Gobierno se encargará de prestar asistencia técnica y evaluación de las estrategias, programas y campañas de comunicación social de los entes públicos.