El grupo parlamentario de Morena en la Legislatura local propuso la desaparición del Dictamen Único de Factibilidad (DUF) por considerarlo plagado de corrupción y un freno para la inversión en la entidad, y que sean los ayuntamientos quienes se encarguen de los trámites para la apertura de nuevas unidades económicas.
Nazario Gutiérrez, promotor de la iniciativa para reformar la Ley Orgánica Municipal del Estado de México y abrogar la Ley que crea la Comisión de Factibilidad del Estado de México, explicó que el DUF es un documento que incluye evaluaciones técnicas de factibilidad en materias de salubridad local, desarrollo urbano y vivienda, protección civil, medio ambiente, desarrollo económico, comunicaciones, movilidad y agua, para determinar la apertura de nuevos negocios. Sin embargo, indicó, los empresarios han señalado que se les agotó la paciencia por la ineficiencia del trámite y exigen resultados en el corto plazo, pues abrir unidades económicas se ha convertido en un proceso oneroso y plagado de corrupción.
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Gutiérrez Martínez enfatizó que de por sí la economía se encuentra en recesión, a ello se suman las trabas administrativas que impactan en la creación de empleos en la entidad. Por ejemplo, citó, de las 680 000 unidades económicas que existen, 95% son microempresas, y todas sujetas al DUF para poder laborar, mientras el costo que pagan los ciudadanos y empresarios para realizar los trámites que les permitan dar correcto cumplimiento a estas, llega a ser muy alto.
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El costo unitario del trámite, considerando realizar dos viajes a la Comisión de Factibilidad del Estado de México, estimó, es de 3 896 pesos, y el tiempo de respuesta va de 45 hasta 120 días hábiles, lo que provoca que inicien operaciones sin autorización o busquen otra entidad para instalar sus unidades mercantiles: “Es momento de aceptar el fracaso del DUF en materia comercial y de la Ley de Competitividad y Ordenamiento Comercial, ya que no se ha cumplido el objetivo de dar origen al desarrollo del estado, proyectándolo en un lugar poco atractivo para la inversión. Muchos establecimientos hoy están en la informalidad o han cerrado sus puertas”, denunció.
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Consideró que el trámite y los ordenamientos referidos se han convertido en el obstáculo para el desarrollo del estado y sus 125 municipios, por lo que propuso otorgar a los ayuntamientos mayores capacidades de decisión en la determinación de apertura de las unidades económicas, a cargo de las Direcciones Municipales de Desarrollo Económico o equivalentes: “Para dar certidumbre a los inversionistas en la materia, es fundamental contar con un marco normativo, transparente y ágil para la inversión. Esta medida puede tener efecto inmediato en la recuperación del empleo, la promoción de la economía en los municipios y el aumento en las inversiones a nivel estatal”, concluyó.
La propuesta fue turnada a las comisiones unidas para su análisis y posterior dictamen.