El partido Movimiento Ciudadano propuso integrar a los defensores del medio ambiente en la Ley para la Protección Integral de Periodistas y Personas Defensoras de los Derechos Humanos del Estado de México, como un instrumento que contribuya a salvaguardar su vida, dado que por su lucha también son blanco de ataques por parte de diversos grupos de interés.
La diputada Juana Bonilla indicó que esta es una manera de reconocer a las personas defensoras del medio ambiente; es decir, aquellas que dedican tiempo al cuidado, conservación, procuración y restauración de la ecología, sin esperar alguna retribución por estas actividades.
La reforma además contempla reconocer entre sus derechos el de participar de forma pacífica en actividades de denuncia de las violaciones cometidas en contra del medio ambiente y que las autoridades se abstengan de entorpecer, reprimir o prohibir sus manifestaciones de protesta y denuncia.
También se les reconocen las garantías de formar organizaciones, asociaciones o agrupamientos de carácter no gubernamental; establecer comunicación y vinculación con las organizaciones no gubernamentales e intergubernamentales defensoras y promotoras de los derechos medio ambientales; y recabar información sobre violaciones y daños al medio ambiente en la entidad.
La legisladora lamentó que las pocas personas que deciden defender el medio ambiente, generalmente pertenecientes a la comunidad afectada, con arraigo y compromiso, suelen ser agredidas y desaparecidas por particulares, grupos criminales, empresas, gobierno y todo aquél que ve afectados sus intereses con su lucha.
En la entidad, expuso, apenas en días pasados sujetos encapuchados intimidaron a pobladores en Tecámac cuando recorrían el cerro de Chiconautla junto con representantes de medios de comunicación; también, recordó, han sido agredidos ciudadanos de Ocuilan por oponerse a la tala ilegal en la zona boscosa. Por esta razón, advirtió, requieren la protección del Estado.
La propuesta de reforma fue tunada a las comisiones de Derechos Humanos y de Gobernación y Puntos Constitucionales para su análisis y posterior dictamen.