La alianza parlamentaria de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD) para la 61 Legislatura local anticipó que buscará la reinstalación del Programa de Apoyo a la Comunidad (PAC), una prebenda extra del gobierno estatal, quien, a través de la Secretaría de Finanzas, daba oportunidad a cada uno de los 75 diputados locales de “gestionar” hasta 2.5 millones de pesos al año en materiales de construcción, sillas de ruedas, etc., en favor de sus representados, lo que les permitía además mantenerse en campaña permanente.
En contraparte, Morena acusa que “Va por el Estado de México” y, particularmente algunos actores como Enrique Vargas del Villar –el coordinador de la bancada electa del albiceleste, quien reconoció la intención de reinstalar el PAC-, pretenden dar un uso clientelar al programa, pues le permitirá ganarse la simpatía de la población en su afán de convertirse en candidato a la gubernatura.
En el marco de la reunión plenaria celebrada este lunes por los diputados electos de los partidos PRI, PAN y PRD, además de ratificar su alianza parlamentaria en la nueva Legislatura, delinearon algunas decisiones, entre ellas la reinstalación del PAC.
Entre las facultades constitucionales de los legisladores no se incluye la de “gestión”; sus atribuciones son fundamentalmente la creación y actualización del marco jurídico estatal y la fiscalización (revisión) de los recursos públicos y de las acciones de gobierno.
El PAC se creó durante el gobierno de Carlos Hank Rhon; extraoficialmente, en él se lee el propósito de comprar las conciencias de los diputados locales, sobre todo de oposición, pues era un recurso previsto en los Presupuestos de Egresos de cada año, por un monto global de 187.5 millones de pesos, administrado de forma directa por el Poder Ejecutivo (no por el Legislativo), de tal manera que a cada diputado local, además de sus dietas, bonos, apoyos en gastos de oficinas, telefónicos, asesores y demás prestaciones laborales, correspondían dos millones y medio de pesos anuales para realizar “gestión” de apoyos a los ciudadanos.
Sobre la marcha, algunos diputados de oposición fueron develando anomalías como que los productos gestionados sirvieron para que algunos legisladores se volvieran empresarios de materiales de construcción o del ramo ferretero –estos debían ser distribuidos entre la población, pero no atendían al fin para el que fueron suministrados-, o que los precios de las mercancías se inflaba hasta en 300%, o que se realizaba una entrega discrecional del monto previsto (los diputados “favoritos” podían gestionar montos superiores a los 2.5 millones de pesos, y los “no alineados” o críticos cantidades inferiores), por lo que para los últimos años se establecieron algunas reglas de operación que, sin embargo, no frenaron las anomalías.
Por estas razones, el diputado electo por Morena, Daniel Sibaja, advirtió que el regreso del PAC serviría para “reforzar el control político que ejercen el PRI, PAN y PRD sobre la gente de escasos recursos… sin la garantía de que lleguen en apoyos directos a la gente”, y consideró que Vargas del Villar “quiere presupuesto fácil, sin fiscalizar, para promoverse en su obsesión por ser gobernador”.
Recordó que la actual Legislatura –la saliente-, de mayoría morenista, eliminó este programa porque el ejercicio de los recursos era poco claro y opaco, y no impactaba directamente en beneficio de la población de los respectivos distritos electorales, y pese a que en su mayoría debía entregarse en apoyos de materiales de construcción en zonas vulnerables, no había transparencia sobre el destino del dinero.
El legislador electo detalló que incluso este recurso se utilizó para hacer campañas negras, pues en marzo de 2019, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Santiago Nieto Castillo, reveló, tras una investigación, que la Coordinación del PAC desvió 2.5 millones de pesos en junio de 2017, “sin justificación aparente”, en apoyo a una estrategia de “propaganda negra” en contra del entonces candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador durante el proceso electoral 2017-2018.
“La mayoría se gestionaba para materiales de construcción de la población, pero en realidad era una forma de control político del partido oficial y del gobierno en turno hacia los grupos parlamentarios minoritarios, con la distribución discrecional de los materiales”, explicó Sibaja, quien indicó que a cada Legislatura, en tres años, se asignaban recursos por cerca de 600 millones de pesos para mantener el control político de bancadas minoritarias, sin la certeza de que hubieran llegado en apoyos y acciones para la gente.
El morenista consideró que la intención de Vargas del Villar es reforzar, con estos recursos, el control político blanquiazul hacia la gente, y ampliar la estrategia política clientelar, como, aseguró, lo hizo desde el ayuntamiento de Huixquilucan, al mismo tiempo con intenciones de golpear y denostar el proyecto social de la Cuarta Transformación y al presidente de la República.
Desde su punto de vista, el exalcalde está acostumbrado a usar los programas, apoyos y entrega de tarjetas para ejercer control político, sin buscar un beneficio universal y real a la gente, pues destinó menos de 10% de su presupuesto anual a obra pública, e hizo dispendio de recursos en salarios y remuneraciones especiales a funcionarios.
Por esta razón, convocó a los diputados electos a la reflexión y a retractarse en esta posibilidad: “Hacemos un llamado a las compañeras y compañeros a reflexionar, es importante la supervisión y transparencia porque es dinero del pueblo, porque la ciudadanía exige gestión clara y concreta en sus comunidades”.