El grupo parlamentario de Morena en la Legislatura mexiquense acusó “uso faccioso de las instituciones del Estado, concretamente de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM)” en la denuncia entablada por la empresa Viaducto Bicentenario, filial de OHL-Aleatica, contra Paulo Díez Gargari, abogado de Infraiber.
El diputado Faustino de la Cruz Pérez señaló que no es la primera ocasión en que la Fiscalía estatal utiliza, “presumiblemente de forma facciosa” sus atribuciones, indicó que parece realizar diligencias e investigación a petición de parte de los poderes fácticos y no de los ciudadanos.
En el caso concreto, consideró que la dependencia parece que pretende proteger o seguir protegiendo “a una empresa que en palabras del propio presidente de la República, es corrupta, no quiere dejar de robar y fue la consentida de Enrique Peña Nieto”.
Recordó que Aleatica (antes OHL) “explota desde hace más de 10 años el Viaducto Elevado Bicentenario”, pese a ser un bien nacional de uso común, sin concesión del gobierno federal otorgada por conducto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).
De la Cruz Pérez consideró un despropósito y un auténtico abuso de poder pretender criminalizar la actividad de un ciudadano que durante años ha denunciado la corrupción de Aleatica con distintos gobiernos mexiquenses y con el gobierno federal, quien en un acto ciudadano exigió que la autoridad competente cumpliera su función y recuperara el Viaducto Bicentenario en beneficio de la Nación.
Para el morenista, es aún peor hacerlo para proteger a Aleatica y permitirle seguir explotando ilegalmente… un bien de uso común que pertenece a la Nación.
El legislador señaló que la denuncia, promovida por Aleatica, parece estar plagada de irregularidades; la primera, fue la negativa de la Fiscalía para proporcionar la carpeta al imputado antes de la audiencia inicial, cuando se la entregaron por mandato del juez fueron desprendidos varios documentos por el abogado de la empresa.
Además, señaló, fue judicializada de manera indebida por la FGJEM, debido a que la Fiscalía General de la República (FGR) atrajo el expediente mediante oficio del 26 de octubre de 2021, sin que a la fecha la Fiscalía estatal se lo haya transferido, al considerar “evidente que el tramo denominado Viaducto Bicentenario se encuentra dentro de la jurisdicción federal, razón por la que los actos con apariencia de delito que ocurran dentro de la misma serán competencia de la autoridad federal”.
El congresista indicó que la FGR promovió ante un juez federal la incompetencia del juez estatal, a quien solicitó copia del expediente.
Faustino de la Cruz recordó que, tanto él como su compañero de bancada Max Correa, acompañaron a Díez Gargari en la toma simbólica y pacífica del Viaducto Bicentenario el 30 de septiembre de 2020, acto por el que se acusa al abogado de ataques a las vías de comunicación, por lo que cuestionó a la FGJEM si también ellos habrían sido indiciados, a no ser porque ambos cuentan con fuero.
Cabe destacar que el 27 de octubre de 2020 –un mes después de la toma simbólica- se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el convenio de colaboración entre la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y la administración mexiquense que reconoce la validez de la ampliación del Viaducto, bajo el argumento de que en mayo de 1983 CAPUFE entregó el tramo al gobierno mexiquense.