Maurilio Hernández, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), aseguró que, a pesar del proceso electoral local y federal en curso, en lo que resta de la LX Legislatura mexiquense se encuentra blindado el trabajo parlamentario.
Lo anterior, aseguró, en razón de que los dos últimos periodos ordinarios de sesiones: el que inició este lunes y concluye en abril, y el último de julio y agosto, no empatan con los periodos de campaña.
Además, expuso que durante el actual periodo, el grupo parlamentario de Morena que coordina promoverá, entre otras, reformas que garanticen que el gobernador en turno rinda sus informes de gobierno necesariamente ante el pleno y cancelar la licencia a los conductores en estado de ebriedad.
Confió, de igual manera, en que se encuentren dadas las condiciones para que sean aprobadas las leyes para la Protección Integral de Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos del Estado de México; para los cuerpos de bomberos de la entidad; la del Instituto de la Defensoría Pública y la de Voluntad Anticipada.
Ésta última, de su autoría, para que la ciudadanía decida libremente sobre el tratamiento que desea recibir en caso de padecer alguna enfermedad terminal.
Otras iniciativas, aseguró, tendrán como finalidad atender la realidad tras la pandemia por COVID-19 en tres ejes: atención a quienes más lo necesitan, salud y gasto público eficiente, para garantizar que los recursos se distribuirán de forma expedita, oportuna, pero también transparente.
En el primer eje, en favor de personas en situación de pobreza y grupos vulnerables, se revisarán las leyes del Seguro de Desempleo, Apoyo a los Migrantes, de Asistencia y de Desarrollo Social, de la Juventud, de los Derechos de las Niñas y Adolescentes, la de Derechos de la Cultura Indígena y la de Educación.
En materia de salud y prevención sanitaria, se revisará la Ley de Eventos Públicos mexiquenses, la Ley de Competitividad y Ordenamiento Comercial y la Ley de Fomento Económico. En lo que respecta al gasto eficiente y transparente, se revisará la Ley de Contratación Pública y la de transparencia.