A pesar de que compromete recursos estatales a 15 o 20 años en promedio, funcionarios de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México negaron, ante diputados locales, que el esquema de Asociación Público Privada (APP) se traduzca en deuda.
Lo anterior, se desprende de la reunión de trabajo distendida la tarde de este lunes entre integrantes de las comisiones de Planeación, Finanzas, y de Seguimiento de los Proyectos de Prestación de Servicios, con el secretario de Comunicaciones, Gilberto Limón Chávez, y funcionarios de su dependencia, con miras a dictaminar la APP para rehabilitar y mantener mil 637 kilómetros de carretera libres de peaje, fundamentalmente del sur de la entidad.
Durante el encuentro, el titular de la dependencia aseguró que el esquema no es una deuda, sino una contraprestación fija en la que ya nadie podrá meter mano para aumentar o disminuir los montos establecidos.
"No es deuda porque es un contrato a través de una contraprestación fija, tiene recuperación de inversión
con el mantenimiento; tasa de retorno de 11.05; no es deuda porque el estado no está contratando un empréstito, no hay un contrato de crédito, si el inversionista falla, se penaliza; no se acumulan intereses, sólo se actualiza el valor del dinero. La Legislatura autoriza monto anual", refirieron funcionarios de la Secretaría.
Por su parte, el diputado morenista Gabriel Gutiérrez Cureño advirtió que, se le denomine como se le
quiera denominar, las APPs se traducen en un compromiso multianual que deben pagar los contribuyentes. "Es un esquema de endeudamiento, porque le pongan como le pongan, es un dinero que tendrá que pagar la sociedad… es como pagar a plazo", dijo.
Además, reprochó que el mal estado de las carreteras mexiquenses libres de peaje es responsabilidad de los gobiernos estatales, quienes durante décadas las dejaron en el abandono.
El legislador se dijo consciente de que 55 por ciento de los vecinos del sur viven en pobreza y 10 por ciento en extrema pobreza, además de que las carreteras en mal estado son una condición propicia para la delincuencia organizada; admitió que se requiere inversión para resolver los problemas de infraestructura, pero destacó la necesidad de explorar otros esquemas y garantizar que no se contrate a Aleatica y que los costos no estén inflados.
"Sigo razonando el sentido de mi voto. Tenemos mucha desconfianza, porque uno de los gobiernos más opacos es el Estado de México", señaló.
Su correligionario Faustino de la Cruz indicó que no se necesita ser especialista en el tema para saber que reservar mil 300 millones de pesos en el presupuesto cada año durante una década se traduce en que no se podrán usar para otras cosas, por lo que es deuda; consideró necesario que se precise en qué se han utilizado las deudas del Estado de México hasta ahora; y pidió al secretario plantear otros esquemas distintos al endeudamiento para hacer obras, como las reasignaciones de sectores no prioritarios a los prioritarios.
La también morenista Beatriz García hizo enfasis en la necesidad de candados para evitar que participen en éstas obras empresas señaladas por corrupción.
La perredista Araceli Casasola advirtió que de por sí el Gobierno estatal ya paga 4 mil millones al año en puros intereses de la deuda; cuestionó las razones por las que no se cubren esos requerimientos con los subejercicios, y preguntó qué empresa realizó el estudio.
La morenista Berenice Medrano recordó que el Hospital de Zumpango opera bajo el esquema de PPS, es un "elefante blanco", con la contraprestación que se le da sería posible operar otros tres nosocomios, sus precios a los usuarios son altos, obligaba los usuarios a firmar pagarés y se niega a atender a quienes cuentan con seguro popular.
La diputada Elizabeth Millán advirtió que el artículo 27 de la ley de las APP obliga a explorar otros opciones para costear las obras, pero no se contemplaron en el proyecto; y obliga a que los estudios previos sean costeados por la empresa.
El diputado sin partido Juan Carlos Soto lamentó que la supervisión tenga que ser externa y cuestionó que implicará un costo extra.
Por su parte, el secretario y sus funcionarios precisaron que la APP carretera implicará una inversión total de 13 mil millones de pesos a valor presente más IVA y actualización del índice nacional de precios -del valor del dinero-; la renta anual de mantenimiento será de mil 300 millones de pesos (más IVA y actualizaciones) por año (se traducirá en una década de rentas), y aunque la inflación está incluída, la obra está "deflactada" (sic). El gobierno empezará a pagar cuando los caminos ya estén rehabilitados; es decir, en un promedio de dos años.
Los montos previstos, dijeron, son montos techo, de tal manera que la inversión puede ser menor si las condiciones del mercado lo permiten; la tasa de retorno social, aseguraron, será de 22 por ciento, cuando generalmente es de 10 por ciento en obras de este tipo.
El contrato obligará a la empresa hacerse cargo de la repavimentación, alcantarillas, drenajes, señalización y limpieza para garantizar la seguridad de las personas.
Adicionalmente, se pagaron 27 millones en estudios previos.
Explicaron que no todas las empresas pueden ser contratadas, sobre todo si tienen historial de presuntas irregularidades previstas en el artículo 39 de la Ley de PPS. Aclaró que aún no hay una empresa prevista para el contrato, pues todavía se debe llevar a cabo el proceso de licitación; "no ha ganado nadie, no hay empresa definida; quién gane debe reunir los requisitos de ley y hay mecanismos de costo-beneficio, experiencia, porcentajes, currículo, etc", dijo.
Al final del contrato las carreteras deben quedar tan en óptimas condiciones que durante varios años no haya que intervenirlas.
Los servidores públicos justificaron que la Junta de Caminos no puede atender esas cualidades porque "no se pueden destinar recursos estatales a activos municipales", mientras la Secretaría de Comunicaciones no tiene recursos ni para rehabilitar la red propia, menos para la municipal.
También afirmaron que el artículo 27 aplica sólo para propuestas no solicitadas.