Por unanimidad, la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales y el Comité Permanente de Comunicación Social en la Legislatura mexiquense aprobaron la Ley de Protección de Periodistas y Defensores de Derechos Humanos del Estado de México que, entre otras consideraciones, establece un mecanismo de protección, reconoce que ambas labores son de interés público, el respeto a la cláusula de conciencia, al secreto profesional, y la creación de una Fiscalía especializada.
El dictamen incluye propuestas de los grupos parlamentarios Morena, Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD) y Revolucionario Institucional (PRI), todos ellos promotores de una propuesta en la materia, quienes en primer lugar coincidieron en la necesidad de reconocer la actividad periodística como de interés público; en este sentido, debe ser tutelada y protegida por el Estado y los municipios.
Establece que la Coordinación Ejecutiva, dependiente de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, será la instancia responsable de operar el Mecanismo y de coordinar su funcionamiento con las Dependencias y Organismos Auxiliares de la Administración Pública Estatal, los Poderes Legislativo y Judicial, los municipios y los organismos constitucionales autónomos.
En caso de solicitudes de incorporación al mecanismo, se realizará el Estudio de Evaluación de Acción Inmediata y emitirán medidas de protección. Cuando la Persona Peticionaria declare que su vida, libertad, integridad física, psicológica o patrimonial está en peligro inminente, el caso será considerado de riesgo alto y se dará inicio al Procedimiento Extraordinario.
Además, establece que las autoridades del Estado de México y Municipios, en el ámbito de su respectiva competencia, deberán desarrollar e implementar Medidas de Prevención, promover y fomentar las acciones para proteger de manera eficaz y oportuna a Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos en el Estado de México, además de investigar y sancionar a responsables de violaciones y agresiones.
También considera como derechos específicos inherentes a la naturaleza de la actividad de las y los periodistas, el secreto profesional, la cláusula de conciencia, el libre acceso a la información de interés y actos públicos, y la capacitación profesional.
La morenista Azucena Cisneros, quien impulsó el primer proyecto, agradeció la disposición de los diputados para enriquecer una ley que será única en el país, pues adicional al mecanismo de protección como una ordenanza federal, crea una Fiscalía Especializada.
“Valió la pena la espera, fue de las primeras iniciativas que se ingresó como un compromiso con un gremio con el que se viene caminando desde hace 30 años, y es una deuda del Estado, de todos los actores políticos que deben dar las garantías suficientes a estos sectores y nosotros como legisladores estamos obligados a velar por esos intereses, a través de una Ley robusta”, indicó.
Reconoció que la propuesta fue controversial, de tal manera que se buscó lograr el mayor consenso, para lo que hubo diversas reuniones con reporteros de diversas regiones de la entidad, incluido el sur, donde hay un sentir agudizado del gremio por la violencia que enfrentan en el desempeño de su labor. Al final, dijo, “es una ley que está muy discutida, dialogada, y eso le da la legitimidad que merece”.
Su correligionaria Beatriz García coincidió en que esta norma cambiará los parámetros de justicia en la entidad, al garantizar la implementación de medidas cautelares para dar una protección efectiva y responsable hacia los periodistas y defensores de derechos humanos, dado que no se pueden permitir más crímenes contra el sector.
“La Comisión Nacional de Derechos (CNDH) ha manifestado su preocupación por la agresión a periodistas y por la omisión de las autoridades ante el aumento de agresiones de estos grupos, que ponen riesgo su vida por defender a quien han sido víctimas de abuso de poder y de informar a la sociedad y realizar denuncias públicas”, expuso.
Recordó que el índice de agresiones contra defensores y periodistas aumentó en 2019, pues se registraron 91 medidas cautelares a favor de reporteras y reporteros y 63 a favor de integrantes de organismos no gubernamentales.
Conforme a los acuerdos de las comisiones involucradas, el dictamen pasará por la consideración del pleno durante la sesión plenaria del martes próximo.