“Fast-track”, la Legislatura mexiquense aprobó las reformas al Código Electoral del Estado de México que regirán la elección de jueces y magistrados locales el primero de junio próximo.
La premura de los cambios responde a la consideración plasmada en la reforma constitucional para que la legislación electoral se adecúe y entre en vigor previo al 15 de enero de 2025. Apenas el pasado 6 de enero se declaró la aprobación y promulgó la reforma constitucional local en materia judicial.
Este martes la legislación electoral fue sometida a consideración del pleno, durante periodo extraordinario, con el carácter de urgente y obvia resolución, sin pasar a comisiones. La oposición refirió que la iniciativa les fue circulada a lo mucho con siete horas de antelación, insuficientes para analizar cambios tan trascendentes.
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La priista María Mercedes Colín advirtió que las modificaciones, aprobadas apenas 17 días antes de que inicie el proceso electoral (el 31 de enero), viola la veda legislativa que establece que 90 días antes no pueden realizarse reformas en la materia. “Es una violación al procedimiento legislativo, contraviene el principio de certeza, es inconstitucional al inaplicar ese artículo”, planteó.
Indicó que los cambios no son democráticos ni prudentes, ni garantizan justicia pronta y expedita; es, dijo, una reforma inoperante que lesiona el pacto federal y la división de poderes, y un peligro para la protección de los derechos humanos que permite la intromisión de los poderes fácticos.
El proyecto, señaló, no fue circulado entre los grupos parlamentarios de forma previa, por lo que resulta inadmisible que se aprobara en cinco horas. Las minorías, prosiguió, fueron ignoradas y excluidas. “No podemos discutir sobre algo que no conocemos”, refirió.
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Añadió que la reforma judicial debilita a ese poder, es un franco desprecio a las minorías, reafirma el gobierno populista sin controles democráticos, resulta dañino para la sociedad y ni siquiera es claro en las garantías de paridad de género.
En tanto, el emecista Jorge Jiménez acusó que la iniciativa se hizo llegar a sus diputados de forma apresurada, lo que no favorece un análisis a conciencia ni el diálogo, y se aprobó con premura pese a tratarse de una materia tan trascendente.
Señaló que los requisitos para convertirse en juzgados son insuficientes para garantizar conocimiento en la materia, entre ellos los ensayos de 3 cuartillas que en la actualidad bien pueden ser creados por inteligencia artificial, y 5 cartas de recomendación de los vecinos, pero en ningún momento experiencia. La reforma judicial, indicó, es un daño irreparable a los mexiquenses y una deformación al Poder Judicial.
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La panista Emma Álvarez advirtió que lo que mal empieza, mal termina, dado que la reforma se realizó sobre los peores cimientos, con base en las peores prácticas, y es una simulación, un engaño, una mentira disfrazada con una fachada democrática.
“Sólo se quieren apoderar del Poder Judicial, no es un ejercicio democrático, sino una manipulación para decirle a los ciudadanos a quiénes elegir”, expuso.
El perredista Omar Ortega señaló que las modificaciones son un producto legislativo desaseado, poco atinado y nada institucional. A pesar de reformar 108 artículos y crear un nuevo Capítulo con 57 en el Código Electoral Estatal, prosiguió, se utilizaron siete horas para analizar el contenido.
“No es necesario tanto exceso, las mayorías están de su lado, hay que ser pulcros y dar legitimidad. Estamos politizando al Poder Judicial”, añadió.
Por el contrario, el morenista Samuel Ríos aseguró que los cambios dan al Poder Judicial legitimidad social. “¿Cuál es el miedo a la decisión del pueblo?”, cuestionó.
Ruth Salinas, recientemente designada coordinadora de Movimiento Ciudadano (MC), reservó el artículo 234 para que en él quedaran garantizadas la paridad de género y las acciones afirmativas en favor de los sectores vulnerables a la hora de postular candidatos y designar cargos.
No obstante, la reserva fue votada en contra por mayoría, incluso por legisladores que han defendido la diversidad e inclusión, como le diputade morenista Esmeralda Navarro, su correligionario Israel Espíndola, y la independiente Paola Jiménez.
Al final, las reformas al Código Electoral del Estado de México para establecer, entre otras cuestiones, procedimientos y plazos del proceso electoral de juzgadores, fue avalado con 55 votos de Morena, el Partido Verde (PVEM) y el del Trabajo (PT).