El presidente municipal de Ixtapaluca, Felipe Arvizu, negó haber ordenado la represión policiaca contra vecinos de las colonias “6 de Junio” y “Luis Córdova”, durante el enfrentamiento ocurrido el miércoles pasado en El Mirador, que dejó al menos una decena de lesionados, según denuncias del Movimiento Antorchista.
Arvizu también aclaró que el ayuntamiento no sancionará a los policías que participaron en la trifulca, pues argumentó que la administración municipal tiene la obligación de dotar de servicios a la población. Explicó que el personal acudió a la zona para realizar una conexión de agua potable, solicitada por vecinos de tres calles que carecen del suministro desde hace años.
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“No justifico la violencia, pero como gobierno me corresponde garantizar los servicios para la población. No estamos trabajando solo para un grupo u organización”, afirmó, en referencia al Movimiento Antorchista.
El alcalde aseguró que su administración trabaja para toda la ciudadanía, sin distinción de grupos o liderazgos. “Aquí no hay dueños de colonias ni de espacios. En la pasada elección, Morena solo perdió dos secciones electorales en la zona alta”, declaró.
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Asimismo, rechazó las acusaciones de que el operativo fue realizado en favor de un particular. “La solicitud la hicieron vecinos de la comunidad, no en lotes vacíos. Si una persona ya pagó su toma de agua, tenemos la obligación de conectarla”, explicó.
En cuanto al enfrentamiento, el edil informó que dos mujeres policías y tres hombres resultaron heridos, mientras que un ciudadano de 53 años, identificado como Guadalupe Rangel, fue golpeado, hecho que quedó registrado en las cámaras de la agencia del Ministerio Público de Ixtapaluca. “Las grabaciones muestran la golpiza que recibió. Él no solicitó la toma de agua y el predio no es suyo”, aseguró.
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El jueves pasado, el Movimiento Antorchista exigió la renuncia del subdirector de Seguridad Pública Municipal y del director del Organismo de Agua Potable (Opdapas), acusando que el alcalde ordenó la represión contra sus agremiados y que la toma de agua que pretendían instalar era clandestina, con la intención de beneficiar a un fraccionador supuestamente protegido por el gobierno municipal.