Con un primer registro de 330 organizaciones civiles, la ampliación del plazo de inscripción hasta el 27 de febrero y la asistencia presencial o virtual de 77 interesados, este miércoles se instaló el Parlamento Abierto para la Reforma Constitucional y el Marco Legal del Estado de México, que tiene como propósito recabar las propuestas de la sociedad para construir el nuevo marco jurídico.
Este ejercicio se desarrollará de enero a mayo a través de reuniones plenarias y de trabajo en comisiones, con prioridad en reuniones presenciales (en cuanto el semáforo epidemiológico lo permita) y virtuales, foros regionales temáticos y mesas estatales de debate y discusión, para que en junio se realice la redacción final del proyecto.
Al comienzo de los trabajos, Anaís Burgos, presidenta de la Mesa Directiva de la Legislatura local, confió en que el ejercicio siente las bases para consolidar el cambio de una democracia representativa a democracia directa y participativa, pues busca fomentar la diversidad de pensamiento de la población, de los entes gubernamentales y las organizaciones civiles, pues los ciudadanos tienen derecho a ser entes activos en la toma de decisiones públicas.
En tanto, Marlon Martínez, coordinador parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI), indicó que esta reforma estructural debe garantizar el reconocimiento de la pluralidad ideológica y social de la entidad.
Mauricio Valdés, coordinador general del Secretariado Técnico para el Análisis y Estudio de la Reforma Constitucional (Sectec), destacó que el proceso reformador de la Constitución local es histórico, pues se hace en medio de una pandemia, aprovechando las tecnologías de la información, y en una Legislatura con una mayoría distinta al grupo gobernante, lo que hace vigente la voluntad popular.
Ricardo Sodi presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, propuso garantizar la transparencia, rendición de cuentas, participación ciudadana y el uso de la tecnología en el parlamento abierto para facilitar la supervisión ciudadana. “Un parlamento abierto implica retos, oportunidades y riesgos, y políticos como los actuales legisladores para asumir esos riesgos”, consideró.
En la mesa, representantes de organizaciones de mujeres, jóvenes, de apoyo a la infancia, religiosos, empresarios, abogados, notarios y campesinos, reconocieron la apertura de la Legislatura local para escuchar su voz y propuestas.
Las organizaciones de mujeres, entre ellas Yuritzi Hernández, del Observatorio contra la Violencia, pugnaron por mejores políticas públicas, un trabajo coordinado entre autoridades para erradicar los distintos tipos de agresiones de género, y por el acceso a la justicia.
Rosa María Montiel Bastida, presidenta del Colegio de Notarios, consideró que esta convocatoria es un ejercicio de madurez y voluntad política de los tres Poderes, y sugirió considerar una concepción de seguridad en un contexto más amplio, como pilar fundamental que dé certeza al patrimonio de los mexiquenses.
Laura González, titular del Consejo Coordinador Empresarial de la entidad, se pronunció porque este ejercicio recoja de manera efectiva las necesidades de todos los sectores, dé certidumbre y transparencia para concretar una reforma constitucional necesaria, ante una realidad adversa para los próximos años en el ámbito social, económico y político.
Monseñor Daniel Alberto Medina Pech, de la Arquidiócesis de Toluca, consideró el parlamento como un hecho inédito para dar voz y garantizar el derecho humano a la libertad religiosa, al derecho de creer o no creer.
Jorge Leonardo Espinosa López, de la Organización Esperanza Ciudadana por México, confió en que la participación de las iglesias en los trabajos no obstaculice la necesidad de salvaguardar los derechos de las minorías, entre ellas de la comunidad LGBTTTI+.
Eduardo Lovera, de la Federación de Productores de Maíz, denunció que hoy no hay un apoyo efectivo hacia los campesinos y pidió que se garantice que el presupuesto del campo no quede a capricho o discreción de los titulares, ni haya reglas de operación “kilométricas” para acceder a los programas.
También estuvieron presentes Jorge Neyra Sosa, de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México; Gilberto Rocha, de la Comisión de Centros Cristianos; Enrique Lazaga, del Colegio de Abogados del Estado de México; y Edith Cruz, de la Central Campesina Cardenista, entre otros.