Esta semana, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) comenzó a examinar las obligaciones legales de los países para frenar el cambio climático.
Impulsado por Vanuatu, uno de los países más pequeños que existen, este histórico caso hará que la CIJ realice audiencias para escuchar a un total de 98 naciones y 12 organizaciones.
Durante su turno, Alemania defendió que el acuerdo climático de París ya define los pasos obligatorios y subrayó que la Corte debe ayudar con sus conclusiones, pero siempre manteniendo una clara diferencia entre “obligaciones legalmente vinculantes y compromisos políticos voluntarios no vinculantes”, pues tal distinción representa una condición indispensable para que los Estados puedan aceptar ambos.
De lo contrario, alertaron los representantes alemanes, la disposición de los Estados a participar en los procesos políticos que están formando el camino hacia los pasos ambiciosos necesarios para combatir la crisis climática podría verse seriamente amenazada.
En el transcurso de los siguientes días, países como Albania, Arabia Saudita y Australia tomarán la palabra, con la intervención de numerosos territorios, incluidos Estados Unidos y China.
Cabe mencionar que las audiencias continuarán hasta el próximo 13 de diciembre, durante las cuales los 15 jueces del máximo órgano judicial de las Naciones Unidas escucharán los argumentos de los países interesados para emitir una opinión consulativa.
Tras identificar cuáles son las obligaciones de los Estados, según el derecho internacional, y definir las consecuencias legales en casos de actos y omisiones por parte de aquellas naciones de las obligaciones puntuales, se espera que la CIJ emita su dictamen en 2025, mismo que podría abrir la puerta a nuevos litigios climáticos a nivel internacional.