La Audiencia de Barcelona ha condenado a tres años de cárcel a David Vargas, el expárroco investigado por estafar a feligreses, por falsear una boda entre dos octogenarios para cobrar una herencia.
La autoridad de Barcelona condenó a Vargas por falsear documentos, ya que era rector de la parroquia de Sant Vicenç de Castellet (Barcelona), y también impone un año y medio de cárcel a la hija de la mujer que contrajo la falsa boda, por firmar como testigo de la misma.
Ambos condenados deberán pagar 203 mil 934 euros de indemnización a los familiares a quienes correspondía la herencia, cantidad que podría asumir el Obispado de Vic, al que pertenece la parroquia, como responsable civil subsidiario por no haber supervisado el expediente matrimonial y no haber detectado las “irregularidades” que presentaba.
Además de este caso, Vargas, que fue expulsado del sacerdocio y está siendo investigado por un juzgado de Barcelona por estafar más de 3,5 millones de euros a ancianas feligresas para que le cedieran notarialmente la gestión de su bienes y por vender una falsa reliquia de un santo a una orden religiosa.
La boda que falsificó el condenado, era de una pareja de octogenarios que llevaban viviendo juntos varios años, hasta que el hombre falleció, sin haber dejado testamento y sin descendientes directos, de forma que la herencia, valorada en medio millón de euros, iba a ir a parar a manos de dos sobrinos. Meses después de su fallecimiento, la que era su pareja (ya fallecida en este momento), se “concertó” con David Vargas para fingir que habían contraído matrimonio con anterioridad.
Para ello, el expárroco cumplimentó a mano el expediente matrimonial, en el se suplantó la identidad del fallecido, y la hija de la mujer firmó como testigo del enlace, tras lo que se encargó de tramitar su inscripción en el Registro Civil de Sant Vicenç de Castellet para que se reconocieran los “derechos sucesorios”.
La falsa esposa fue declarada heredera de los bienes del fallecido y a su vez designó a su hija como sucesora, tras lo que firmó una hipoteca inversa sobre un inmueble con la que obtuvo 78.448 euros. El tribunal, que absuelve a los procesados del delito de estafa agravada de que inicialmente se les acusaba, recuerda que el expediente matrimonial falsificado se guarda en la parroquia de Sant Vicenç, “bajo su más estricto control y disposición y vigilancia del Obispado”.