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La impugnación fue promovida por el diputado sin partido Rigoberto Vargas Cervantes y por otros militantes, a través de un juicio para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía, en contra de la sentencia pronunciada por el Tribunal Electoral del Estado de México, cuyos magistrados “resolvieron confirmar la elección de los integrantes del órgano de gobierno estatal efectuada al interior de ese instituto político”.

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