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Esta certificación, que marca todo un hito para la participación de la iniciativa privada en la conservación forestal en la CDMX, se encuentra basada en la reforma a la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente aprobada por el Congreso en 1996, misma que permite al gobierno federal crear nuevas áreas naturales protegidas en propiedad privada y social a través de dicho procedimiento.