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Recordó que el pasado 4 de agosto se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto que crea la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, instalada el 11 de agosto con Pablo Gómez al frente, quien anunció la realización de foros y una consulta popular para presentar la iniciativa en enero de 2026.

Esta manifestación se dará en el marco de la presentación, el 5 de febrero, del paquete de reformas constitucionales que plantea el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El pasado 2 de marzo se publicaron las reformas a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, a la Ley General de Partidos Políticos, a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y se expide la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral, en el Diario Oficial de la Federación.

López Obrador consideró que el proyecto en la Corte que busca anular todo el Plan B electoral “no va al fondo y se queda en la forma”

Aseguró que el Poder Judicial no tiene remedio, pues está podrido y actúa de manera facciosa para “componerle la plana” al Poder Legislativo.

Por medio de sus redes sociales, el secretario de Estado indicó que el pueblo mexicano ha buscado recuperar la confianza en las instituciones; sin embargo, condenó que la Suprema Corte haya decidido, presuntamente, perseguir intereses particulares.

Si este recurso se hubiera aceptado, el análisis de este asunto en el máximo tribunal habría tenido que suspenderse y asignar su estudio a otro ministro, lo que al final no sucedió.

"El principio de división de poderes prohíbe a la SCJN establecer requisitos adicionales al trámite legislativo, ya que la Constitución reserva esa facultad al Congreso de la Unión", aseguró el gobierno en un comunicado.

La Corte determinó que en la sesión del lunes resolverá las impugnaciones sobre la primera parte del plan B de la reforma electoral y no las de 2018.

Será el próximo 8 de mayo cuando el pleno de la Corte revise el proyecto de sentencia del ministro Pérez Dayán en el que alerta sobre violaciones graves a la aprobación de las leyes generales de Comunicación Social y de Responsabilidades Administrativas que fueron impugnadas por el Instituto Nacional Electoral (INE), partidos políticos además de legisladores de oposición.