Por tratarse de un asunto electoral, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolverá primero, en la sesión del próximo lunes las impugnaciones a las leyes que integran el llamado Plan B de la reforma electoral y no las correspondientes a la Ley General de Comunicación Social de 2018, como lo exigió en la víspera la Consejería Jurídica del Ejecutivo federal (CJEF).
Fuentes del máximo tribunal explicaron que, en sesión privada de este jueves, se resolvió atender primero el proyecto del ministro Alberto Pérez Dayán, ya que por impactar en el proceso electoral que está en curso en los estados de México y Coahuila, se le estableció fecha fija para el próximo lunes 8 de mayo, lo que se informará en un acuerdo de pleno.
El proyecto resuelve las acciones de inconstitucionalidad presentadas por partidos, diputados y senadores de oposición, en contra del decreto del 27 de diciembre de 2022, en el que se publicaron reformas a las leyes generales de Comunicación Social (LGCS) y de Responsabilidades Administrativas (LGRA).
Al dar la admisión a trámite, el ministro Pérez Dayán concedió la suspensión para que los cambios no se aplicarán en las dos entidades que se encuentran en campañas para la elección de gobernadores.
El ministro Pérez Dayán propondrá al pleno de la Corte la invalidación de las reformas a las leyes que integran la primera parte del Plan B, por considerar que en su aprobación el Congreso de la Unión incurrió en faltas y omisiones en el proceso legislativo.
Luego de que se adelantó el proyecto del ministro ponente, el miércoles, la CJEF informó, en un comunicado, que había solicitado a la SCJN que, a partir del orden de prelación y por seguridad jurídica, primero se votaran las impugnaciones que se habían presentado en contra de la LGCS por su reforma en 2018.
Las acciones de inconstitucionalidad 52, 53 y 55, todas de 2018, fueron recibidas por la ministra Loretta Ortiz Alhf, al incorporarse a la Corte, al concluir el periodo del ministro Fernando Franco González Salas.
La ministra ponente de los tres asuntos retiró sus proyectos, presentados en enero de 2020, al considerar que las reformas a la LGCS del año pasado obligaban a elaborar nuevas sentencias para sobreseer.
Fuente: El Universal