Tres Pm

En enero del 2018 habitantes capitalinos y mexiquenses enardecieron las redes sociales buscando a Marco Antonio, un joven que, tras haber sido detenido apareció en Tlalnepantla, deambulando, golpeado, sin saber a ciencia cierta qué le había pasado.
Fue el 23 de enero de ese año cuando, de acuerdo con el testimonio de familiares y amigos del entonces estudiante de la Preparatoria 8 de la UNAM, fue detenido en los alrededores de la estación El Rosario del Metrobús-Atzcapotzalco por agentes de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, sin embargo, en primera instancia las autoridades de la CDMX y del Estado de México negaron una desaparición forzada.
"Golpeado, torturado a bordo de una patrulla, desaparecido y, finalmente, abandonado; la oportuna respuesta de organizaciones defensoras y la indignación social que se manifestó en el país permitieron que reapareciera cinco días después en Tlalnepantla, Estado de México, con severos daños de salud", comentó la Red por los Derechos de la Infancia (REDIM) en México.
Sin embargo, el Poder Judicial concedió un amparo a Marco Antonio y su familia y confirmó lo que sus allegados sospechaban: Sí fue víctima de desaparición forzada por autoridades de la CDMX y el Estado de México.
Tras el análisis exhaustivo del caso, incluido lo sucedido durante los cinco días transcurridos entre la detención y su reaparición, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, en su resolución del Amparo en Revisión 53/2019, el 9 de mayo anterior, determinó que el adolescente sí fue víctima de dicha violación grave a sus derechos humanos.
"La Administración de Miguel Ángel Mancera y otras altas autoridades capitalinas decidieron políticamente que no existió la detención arbitraria, tratando de minimizar el hecho arguyendo que se trataba de otro 'adolescente problemático'. Las organizaciones defensoras documentaron judicialmente esta negativa, así como la de brindar información de su paradero, además de la intención de sustraerlo de la protección de la ley y no presentarlo ante la autoridad competente".
Juan Martín Pérez, presidente de la REDIM en México, señaló que por tales actos de autoridad Marco Antonio y su familia fueron revictimizados mediáticamente, aparte de que se les ha privado de manera reiterada de sus derechos a la justicia y la verdad, negándoseles siquiera una investigación seria y efectiva.
De acuerdo con dicha sentencia judicial, son responsables de la desaparición forzada del adolescente autoridades policiales, ministeriales y judiciales de la CDMX y el Estado de México, entre ellas los propios oficiales que lo detuvieron arbitrariamente y torturaron aquel 23 de enero.
"La desaparición forzada es un delito y una violación de derechos humanos, un crimen contra la humanidad, al afectar la dignidad humana, la integridad personal, psíquica y moral, la libertad, el reconocimiento a la personalidad jurídica, el acceso a la jurisdicción, y el derecho a conocer la verdad y a la justicia".
El amparo -dijo el activista- persigue, además, dictar las medidas necesarias, efectivas e idóneas para lograr la localización de la persona y que cesen las violaciones de derechos humanos en su contra y contra las víctimas indirectas, como los familiares, y asegurar su comparecencia.
Destacó que la interpretación de la Ley de Amparo a la luz del artículo 1o constitucional permite concluir que el amparo en estos casos no se extingue con la localización de la persona, ni cesan sus efectos con su aparición. Es decir, que se lograra la reaparición de Marco Antonio cinco días después por la intensa movilización social, no significó desaparecer el hecho delictivo de la desaparición forzada, y en consecuencia la investigación y persecución de los presuntos responsables.
Por estos hechos, activistas y defensores exigieron una investigación exhaustiva y sanción a los funcionarios que negaron su desaparición forzada y a los responsables de la impunidad persistente en el caso de Marco Antonio, un joven que pagó las consecuencias de "una violencia sintética e impune".