El joven de 27 años formaba parte del grupo de infantería militar desde hace tres años, y su familia le perdió la pista desde el 16 de octubre de 2022, en el poblado de Guadalupe de Zaragoza en el municipio de Calimaya.
Durante todo este tiempo, su familia no ha encontrado justicia, ya que el presunto culpable aún está libre, además de que la aseguradora ya no quiere hacer efectivo el trato que se había acordado.
La autoridad determinó que Roxana había actuado en legítima defensa por lo cual con el fallo se decreta su libertad, la cual podrá entrar en vigor dentro de tres días si es que la defensa de Sinaí no apela el resultado.
Castillo, que anteriormente ya ha presentado ese pedido sin éxito ante los tribunales, intervino de manera virtual ante el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, que preside el magistrado Juan Carlos Checkley.
El juez detalló que el plazo de 72 horas empezará a correr traslado una vez que el narcotraficante quede “jurídica y materialmente” a disposición del juez causa, ya que una “puesta a disposición formal o a distancia haría imposible para el juzgador cumplir con sus atribuciones de garante y vigilante de la estricta observancia de los derechos humanos del procesado”.
Al darle cumplimiento a un amparo que un Tribunal Colegio otorgó a Palma Salazar, la magistrada del Primer Tribunal Colegiado de Apelación de Jalisco, María Dolores Olarte Ruvalcaba determinó que la Fiscalía General de la República (FGR) no ofreció los elementos suficientes para acreditar la plena responsabilidad de “El Güero Palma” en delito de delincuencia organizada, del que se le acusa.
El expresidente fue convocado a declarar ante esa instancia parlamentaria, en calidad de investigado, por las averiguaciones en torno a uno de los diversos casos que le acusan de ser partícipe por presunta organización criminal.
El Cuarto Tribunal Colegiado en materia Penal ordenó a otro tribunal Colegiado de Apelación invalidar las condenas y ordenar a un juez de distrito reponer el procedimiento para que “El Mochaorejas”, su hermano Aurelio Arizmendi López y Miguel Armando Morgan Hernández puedan aportar las pruebas que consideren necesarias y se dicte una nueva sentencia.
El titular del Juzgado Octavo de Distrito, José Fernando García Quiroz, decretó en favor de Gómez Martínez una suspensión de plano y oficio para que cese la incomunicación, así como cualquier otro acto prohibido por el artículo 22 constitucional.
