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La reforma a la Ley de Amnistía, aprobada en abril por el Congreso, establece que la persona titular del Poder Ejecutivo podrá “dar amnistía a quien aporte información comprobable para conocer la verdad en casos relevantes para el Estado mexicano”.

Es fundamental que los beneficiarios cumplan con los requisitos y condiciones del programa para evitar la suspensión o pérdida de sus pagos