Luego de permanecer más de un año en prisión preventiva por la comisión de supuestas omisiones, y de que se le girara una nueva orden de aprehensión por delincuencia organizada y lavado de dinero, la extitular de Sedesol y Sedatu, Rosario Robles, finalmente ha aceptado colaborar con la Fiscalía General de la República (FGR) en el caso de la Estafa Maestra.
El equipo legal de la exfuncionaria confirmó a Animal Político que Robles comunicó este 23 de noviembre a sus abogados la decisión de explorar esa posibilidad. Ello supone un cambio radical en su estrategia, luego de que hasta ahora había decidido rechazar por completo dicha opción.
En una carta que hizo pública hace unas semanas, Robles acusó al titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero, de presionarla con nuevas acusaciones a cambio de volverse testigo colaborador, como lo han hecho exfuncionarios suyos. Uno de ellos es Emilio Zebadúa, quien fuera su oficial mayor: “Esta decisión la toma en una situación muy difícil. Ella se encuentra enferma y está desesperada. Está sola y la situación la ha quebrado”, dijo a este medio uno de los integrantes de su equipo legal, quien se comunicó este lunes con la exfuncionaria.
La decisión de conceder a Robles el llamado criterio de oportunidad compete exclusivamente a la FGR. El primer paso es que una persona imputada de un delito acepte volverse testigo del Ministerio Público y rinda una declaración en donde señale posibles delitos de personas de mayor jerarquía que la suya. Posteriormente, deberá ofrecer evidencias para sustentar su dicho. Si la información que aporte resulta útil, entonces la FGR elaborará un acuerdo en el que acepte concederle el criterio de oportunidad al posible delincuente. Dicho acuerdo deberá ser notificado a la víctima (en este caso a la Auditoría Superior de la Federación) y a un juez, en caso de que ya se haya iniciado el proceso penal.
El efecto de conceder un criterio de oportunidad a una persona es retirarle los cargos que se le imputan o, en su caso, detener una acción legal en su contra. En el caso de Robles, ella se encuentra procesada por el delito de uso indebido de atribuciones, cargo que aún se le puede retirar debido a que no se ha llegado a la fase de juicio. Además, en contra de la extitular de Sedesol y Sedatu hay una orden de aprehensión por lavado de dinero y delincuencia organizada; sin embargo, la misma no ha sido cumplimentada todavía. De ser el caso, la FGR podría desistir de ejecutar esa orden y solicitar a un juez que la anule.
Entre los funcionarios que han optado por esta ruta se encuentra Emilio Zebadúa, ex oficial mayor de Sedesol y Sedatu, quien ya rindió una declaración ministerial en la que señaló al ex secretario de Hacienda, Luis Videgaray, de haber avalado la comisión de la Estafa Maestra en una docena de dependencias federales. La FGR aún estudia si le concede o no el criterio de oportunidad, pero de momento ha logrado que no se le impute ningún delito, pese a que sobre él pesan múltiples denuncias.
Otra opción para Robles es que la FGR decida no retirar todos los cargos en su contra, pero sí los más graves, a cambio de pactar que se declare culpable en un procedimiento denominado “abreviado”, lo que significaría que se le imponga una pena reducida que le permita recuperar su libertad.