La Fiscalía General de la República (FGR) falló en su primer intento por fincar el desvío de recursos de la llamada Estafa Maestra. Un juez federal resolvió no vincular a proceso a dos directivos de la Universidad Politécnica de Chiapas (UPCH) por presunto peculado de más de 186 millones de pesos, derivado de convenios suscritos con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) en 2015.
Eligio Valdenegro Gamboa, juez del Centro de Justicia Penal Federal de Cintalapa, Chiapas, determinó que no hay elementos para procesar por este delito a Rafael Zozaya Nucamendi, director de Recursos Materiales e Infraestructura, y Rigoberto Jiménez Jonapa, secretario administrativo, ambos de la UPCH.
Según informes del Poder Judicial de la Federación, el juez consideró que no existe tal conducta delictiva y que, de haberla, se trataría de fraude y no peculado; sin embargo, no reclasificó el ilícito porque eran necesarios otros datos acerca del hecho denunciado.
La FGR imputó que, a través de cuatro convenios específicos firmados en octubre de 2015 por la Sedatu con la UPCH, fueron desviados 186 millones 113 374 pesos. La obligación de la UPCH era entregar a la Sedatu un análisis de zonas económicamente exclusivas y diagnósticos de ordenamiento territorial y asentamientos de Puerto Chiapas, municipios de Michoacán y Guerrero colindantes con Lázaro Cárdenas y del Corredor Interoceánico en el Istmo de Tehuantepec.
La UPCH subcontrató los servicios por adjudicación directa de la empresa Evoluciona Consultores Profesionales y Especializados S.C. por 81 millones 642 800 pesos, que no habría entregado. La UPCH, agrega la imputación, se quedó con los otros 104 millones de pesos y compró una solución tecnológica denominada Big Data y dos camionetas.
A diferencia del resto de casos de la llamada Estafa Maestra, este es el primero al que la FGR imputa el delito de peculado, es decir, el desvío de recursos del erario. Según la información recabada, la defensa de los imputados cuestionó la metodología de la ASF para afirmar que los entregables eran falsos o fabricados, así como la confiabilidad de las cédulas de auditoría, para concluir que no puede demostrarse la falsedad o la obtención de internet de los documentos con los que se acreditó que los servicios fueron prestados.
En una audiencia iniciada el lunes a las 14:30 y concluida pasada la 1:00 de ayer, el juzgador consideró que Zozaya y Jiménez no tenían la disposición de los recursos, además de que la existencia de las actas de finiquito recibidas por la Sedatu establecen que hubo recepción de entregables.
El juez Valdenegro desestimó también las declaraciones de José Antolino Orozco Martínez, exjefe de la Unidad de Políticas, Planeación y Enlace Institucional, y de Marcos Salvador Ibarra Infante, ex director general de Coordinación de Delegaciones, testigos colaboradores de la FGR. La razón es que ambos afirmaron no reconocer los contratos que supuestamente fueron empleados para el desvío, no obstante que existen certificados en archivos de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la propia Sedatu, indicaron las fuentes consultadas.
La FGR tiene ahora dos opciones: apelar el fallo del juez Valdenegro o reformular su investigación y presentar de nueva cuenta la imputación por el delito de fraude.
Este es apenas el tercer caso judicial en relación con la Estafa Maestra en el que se determina no vincular a proceso a los imputados. Antes, los únicos que habían librado el procesamiento fueron Francisco Báez Álvarez, exdirector de Programación y Presupuesto de la Sedatu, y Pedro Simón de León Mojarro, excoordinador de Delegaciones de la Sedesol, por las supuestas contrataciones indebidas de 124 y 185 millones de pesos, respectivamente.