La propuesta de diputados federales de modificar la Constitución para regular a prestadores de servicios de seguridad privada generó opiniones encontradas entre autoridades locales y especialistas.
Durante un parlamento virtual abierto para analizar el dictamen de reforma a los artículos 21 y 73 de la Constitución, autoridades locales advirtieron que es riesgoso elevar a rango constitucional el carácter auxiliar de los servicios de seguridad privada. En tanto, especialistas consideraron que estas modificaciones son necesarias para evitar la sobrerregulación que actualmente existe, misma que propicia actos de extorsión y la existencia de empresas informales.
Gladys García, directora de Servicios de Seguridad Privada del Consejo Estatal de Seguridad Pública de Jalisco, calificó como riesgoso elevar a rango Constitucional el carácter auxiliar de la seguridad privada, ya que podría caerse en el exceso de conferirle a esta atribuciones que son exclusivas del Estado.
El dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales modifica los artículos 21 y 73 de la Constitución para establecer que las personas autorizadas para prestar servicios de seguridad privada "serán coadyuvantes auxiliares de la seguridad pública", y faculta al Congreso para expedir la ley general en la materia.
García indicó que la iniciativa prevé que sea la autoridad federal la encargada de autorizar y regular a las empresas de seguridad privada, pero no contempla recursos para llevar a cabo esta nueva tarea. Agregó que ya existen disposiciones para regular lo que hoy los legisladores pretender normar, pero sin el riesgo de que los elementos de empresas de seguridad privada sean considerados policías complementarios.
"Se considera que no es falta de regulación lo que, en su caso, genera las cifras que se citan en la iniciativa, sino una falta de coordinación, vigilancia y evaluaciones que, hoy en día, forman parte de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, pero que sorprendentemente no se manifiestan", sostuvo.
David Gamboa, encargado de la Unidad Administrativa del Control de Seguridad Privada de la Secretaría de Seguridad Pública de Yucatán, advirtió que la reforma vulneraría el control que tienen diversas entidades del país sobre las empresas de seguridad privada e incrementaría la carga de trabajo de la Dirección General de Seguridad Privada, adscrita a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
"Si estas reformas fueran aprobadas, vulnerarían el control que se tiene, particularmente en Yucatán, y estoy seguro de que en otros estados, sobre las empresas de seguridad privada, al dejar a los órganos reguladores como simples oficialías de partes; eliminaría la autonomía estatal al no permitir que un órgano regulador estatal, como es el caso de la policía de Yucatán, realice verificaciones sin previo consentimiento de la Dirección General de Seguridad Privada, y, de igual manera, incrementaría la carga de trabajo de la Dirección General al absorber los procedimientos de regulación y autorización, no sólo de las empresas ya registradas a nivel federal, sino las que comprenden los 32 estados", afirmó.
El funcionario recordó que, a nivel local, han enfrentado diversas problemáticas con empresas privadas que cuentan con autorización federal, entre ellas, relató el caso de una prestadora de servicios que falsificó las credenciales de portación de armamento, y pese a que fue denunciada ante la Dirección General de Seguridad Privada, esta indicó que no podía tomar conocimiento.
Otros casos, detalló, son los de empresas cuyos elementos portan el bastón oficial sin conocimiento previo para su manejo, así como la existencia de militares que usan su arma de cargo o personal.
"Al día de hoy, para ser muy claros, la Dirección General de Seguridad Privada no ha efectuado verificación alguna en el estado de Yucatán, ya que únicamente solicita información al órgano regular de seguridad privada para que emitamos opiniones favorables de alguna empresa de seguridad privada que se constituyó en nuestro estado y que se encuentre interesada en obtener su registro federal", agregó.
Juan Manuel Hernández Niebla, consejero presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de Baja California, advirtió que la industria de la seguridad pública ha incrementado su presencia y valor para los sectores empresarial, gubernamental y para las familias debido al crecimiento sin control de los grupos de la delincuencia organizada. En este sentido, consideró que la reforma constitucional y la expedición de una ley general ofrecerán mejores mecanismos de coordinación entre los tres niveles de Gobierno, así como medidas de supervisión y control de uniformes para todo el país.
Indicó que una de las quejas constantes de los empresarios del sector afiliados a la Coparmex es la de que cada estado y municipio tiene sus propias reglas, muchas de las cuales son incluso contradictorias, lo que genera una sobrerregulación y fomenta prácticas como la extorsión.
"Existe la necesidad de una reforma constitucional y una ley general, pues las empresas de seguridad privada están sobrerreguladas. Por ejemplo, las empresas socias de Coparmex del sector nos indican que tienen que acreditar, por lo menos, tres licencias: la federal, la estatal y la municipal, lo que ocasiona que en muchas ocasiones se realicen prácticas irregulares para otorgar dichos permisos", concluyó.